Washington (DC).- En un esfuerzo por mantener unidas a las familias inmigrantes y mitigar las dificultades que enfrentan, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un nuevo proceso que permitirá a ciertos cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, solicitar la residencia permanente legal sin la necesidad de abandonar los Estados Unidos.
Este cambio podría afectar a cerca de 500.000 personas que han estado viviendo en el país durante un promedio de 23 años.
Actualmente, los no ciudadanos casados con ciudadanos estadounidenses deben salir del país y esperar un proceso de visado en el extranjero, lo que implica un período de separación indefinido y considerable.
Este período no solo impone una separación emocional significativa, sino que también conlleva dificultades económicas y logísticas.
La nueva política pretende abordar estas cuestiones, permitiendo que las solicitudes se evalúen caso por caso para aquellos que han residido en los Estados Unidos por 10 años o más, no representan una amenaza para la seguridad y cumplen con otros criterios de elegibilidad.
El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, destacó la importancia de estas medidas.
«Hoy, estamos tomando medidas decisivas para proteger la integridad de las familias estadounidenses y eliminar el miedo y la incertidumbre que muchas de ellas enfrentan», dijo Mayorkas.
«Nuestro enfoque se centra en aquellos que han contribuido a nuestra comunidad y han construido sus vidas aquí».
Además de la medida dirigida a los cónyuges, el DHS también ha implementado acciones para fortalecer la unidad familiar a través de la libertad condicional por reunificación familiar para ciudadanos de ciertos países latinoamericanos y caribeños, y ha establecido procedimientos específicos para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Estos esfuerzos se complementan con un trabajo coordinado con el Departamento de Estado para facilitar el proceso de visas de no inmigrante basadas en el empleo para personas educadas en los Estados Unidos, incluidos los beneficiarios de DACA.
La nueva política no solo busca aliviar las dificultades de las familias divididas por requisitos legales anteriores, sino que también apunta a beneficiar la economía estadounidense al permitir que los no ciudadanos trabajen y vivan sin el temor de ser separados de sus familias.
A pesar de estas medidas, Mayorkas hizo un llamado al Congreso para una reforma migratoria más amplia y duradera, destacando que «solo el Congreso puede lograr la reforma migratoria que nuestro país ha necesitado durante casi treinta años».
La comunidad inmigrante ha recibido estas medidas con esperanza, pero también con cautela, entendiendo que la implementación efectiva de estos cambios será crucial para su éxito.
Asimismo, activistas y expertos en inmigración reiteran la necesidad de una reforma migratoria integral por parte del Congreso que pueda finalmente ofrecer soluciones estables y humanitarias para millones de familias.
«La unidad familiar es una piedra angular de la base de nuestra nación. La acción ejecutiva entregada por la Casa Blanca busca brindar estabilidad de protecciones permanentes para algunas familias estadounidenses», dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
«Aplaudimos las medidas adoptadas por la Administración para facilitar el proceso de visa de empleo para muchos Dreamers y beneficiarios de DACA con títulos universitarios».
La respuesta a esta política no ha sido unánime. El gobernador de Texas, Greg Abbott, criticó las acciones de la Administración Biden, calificándolas de «descaradamente ilegales» y acusando al presidente de buscar votos para su reelección a través de una «amnistía masiva».
Abbott argumenta que estas medidas solo atraerán a más inmigrantes a cruzar la frontera de manera ilegal, exacerbando la crisis fronteriza en lugar de resolverla.
Estas divisiones destacan la complejidad del debate migratorio en Estados Unidos, un tema que seguirá siendo central en la política nacional en los próximos años. La búsqueda de un equilibrio entre la seguridad fronteriza y la humanidad en la política de inmigración continúa desafiando a los legisladores y a la sociedad estadounidense en su conjunto.
Esta iniciativa del DHS se presenta como un paso crucial hacia una política de inmigración más humana y eficiente, que reconoce la importancia de la unidad familiar en la estructura social y económica de los Estados Unidos.
