Santiago (AFP) – La Constitución que busca reemplazar en Chile aquella heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) garantiza, entre otros derechos sociales reclamados en las protestas de 2019, salud pública y universal, educación gratuita y de calidad; mejores pensiones, acceso a la vivienda y al agua.
El primer borrador de esta nueva Carta Fundamental será entregado el próximo lunes a una Comisión de armonización y el 4 de septiembre se le someterá a plebiscito popular con voto obligatorio.
Salud –
Francisca Muñoz (34) es madre soltera de un niño de ocho años que sufre una rara enfermedad: síndrome de Hirschsprung, cuyo tratamiento cubre la salud pública, no así los enseres para su cuidado, que suman unos 400 dólares por mes.
«La salud es superescasa aquí en Chile. Si uno es pobre y no tiene plata, no se curan los niños», lamenta Muñoz, quien sí destaca el trabajo de los sanitarios.
Sin trabajo, a la pensión paternal debe sumar comidas y la ayuda de familiares y amigos; además tiene que organizar bingos y rifas para financiar las facturas médicas, una práctica habitual entre enfermos chilenos sin recursos.
La nueva Constitución establece que «el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud», a través de la creación de un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado.
Pensiones –
Cuando la profesora Magali Sandoval (68) se jubiló hace seis años sus ingresos bajaron 75%.
«Se vive con lo que se puede y siguiendo un método muy estricto para no fallar», declara a la AFP. De los 1.100 dólares al cambio que recibía cuando trabajaba, sobrevive ahora con solo 288 dólares -el sueldo mínimo en Chile ronda los 430 dólares-.
Su hijo, con quien vive, debe asumir los gastos de la vivienda; ella apenas paga la comida.
Pionero en establecer la capitalización individual, el sistema privado de pensiones impuesto por la dictadura pinochetista prometió una jubilación equivalente al 70% del último salario, obligando a cada trabajador a destinar el 11% del salario a pensiones.
La nueva Carta Magna establece que una «ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público» y que «le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social», que será financiada por los trabajadores y empleadores.
Educación –
Natalia González (17) estudia el último año de secundaria en un colegio público de la capital chilena, Santiago. Junto a sus compañeras ocuparon el establecimiento en protesta por una educación de calidad.
«En Chile tenemos infraestructura mala, salas dañadas, baños dañados, faltan docentes (…) ¿Dónde se concede ese derecho a la educación? Son cosas básicas y mínimas de estudios que en cualquier parte del mundo están pero en Chile no está pasando», afirma ante la AFP.
La nueva Constitución establece que «todas las personas tienen derecho a la educación», la que será «de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media».
Se crea un Sistema Nacional de Educación, en un país con grandes brechas entre los establecimientos públicos y privados y que recién en 2011 los estudiantes más pobres pudieron optar a la gratuidad universitaria.
Vivienda –
Eduvina Morales (51) es una dirigente social en el campamento «Talagante Sin Fronteras», donde 70 familias viven en casas de maderas y metal, sin acceso a servicios básicos ni calles pavimentadas.
Quedó desempleada hace cinco años, no pudo pagar el alquiler y se fue a este asentamiento irregular. La Fundación TECHO calcula que 81.643 familias viven en 969 campamentos irregulares en todo Chile, donde hay un déficit habitacional de unas 600.000 viviendas.
«Somos personas y tenemos derecho a tener lo nuestro, que es la vivienda digna (…) Es algo que todo chileno debiera tener», dice a la AFP Morales.
La nueva Carta Magna establece que «toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria».
Agua –
La laguna de Aculeo, cerca de Santiago, es ejemplo de las cicatrices de la sequía y del mal uso del agua por parte de empresas privadas y agricultores, que la actual Carta Magna determina como un bien natural de uso público pero entrega su concesión a privados a perpetuidad.
«Hemos mercantilizado tanto el agua que hemos priorizado su comercialización y el Estado ha actuado siempre protegiendo esto porque es un principio de la Constitución», señala a la AFP Jenny Carú (41), ambientalista de esta zona, convertida en un polvoriento lecho cuarteado en lo que antes era un área de recreo acuático.
La nueva Constitución establece el «derecho humano al agua y al saneamiento», privilegiando su uso por la población.
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