Managua (AFP) – Los malos tratos, la incomunicación y la falta de atención médica a los opositores presos persisten en Nicaragua, reclamaron el martes sus familiares, y pidieron al gobierno de Daniel Ortega que respete el «régimen de visitas» al que tienen derecho.
Una treintena de opositores que cumplen condena en la dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como El Chipote, solo han podido ser visitados nueve veces en un año, informaron los familiares en un comunicado leído durante una conferencia de prensa virtual.
La última ocasión fue el pasado fin de semana. Los encarcelados, entre ellos varios exaspirantes a la presidencia, fueron arrestados en la antesala de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que Ortega fue elegido para un cuarto mandato consecutivo.
Cerca de una decena de los detenidos durante 2021 tiene prisión domiliciar mientras que otro falleció en un hospital tras ocho meses de encierro.
Los familiares dijeron que les «preocupa y alarma que a más de un año de encierro se continúe la política de incomunicación y no ingreso de hijos e hijas menores» a ver a sus padres. No pueden recibir de ellos una llamada telefónica, libros, fotos ni dibujos.
Aunque reconocieron que desde la última visita, hace 40 días, hubo un ligero cambio en la porción de alimento y horas de sol para algunos reos.
Mercedes Mendoza, hermana del cronista deportivo preso Miguel Mendoza, reconoció que «ya no esta en celda de castigo» y que lo están alimentando mejor.
Pero dijo que es objeto de revisiones frecuentes y que le han rapado el cabello. «Nos asustamos al verlo así (…) ¿Por qué estarles haciendo daño? Es un odio, haciendo que se sientan mal y perjudicándoles psicoloógicamente», agregó Mendoza.
Verónica Chávez, esposa del periodista preso Miguel Mora, contó que este había iniciado una huelga de hambre porque no le permiten recibir la visita de su hijo, un joven con discapacidad cuya separación con el padre le ha afectado psicológicamente, según explicó.
Los detenidos en el Chipote forman parte de más de 180 opositores arrestados, la mayoría de ellos durante una crisis política desatada por protestas antigubernamentales en 2018.
Para Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, esas manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado de sus rivales con apoyo de Estados Unidos.
El gobierno asegura que ese plan intentó replicarse en 2021, y por ello acusó a sus opositores de conspirar para derrocarlo.
