Washington (AFP) – Marcos y su mujer huyeron de Venezuela para buscar refugio en Estados Unidos, pero desde agosto de 2019 él espera en una prisión para migrantes. Con el avance del COVID-19 en los centros de detención ambos temen por su vida ya que él es inmunodeprimido.
«Si me toca el coronavirus, no la cuento», contó a la AFP por teléfono Marcos desde una prisión en el sur de Texas, desde donde denunció que vive en un espacio común con 100 personas.
Las autoridades no le dijeron nada pero se enteró por su abogada de que en el centro había dos contagiados de COVID-19.
«Se va a comer mis defensas», dijo Marcos, un expolicía de 47 años que huyó de su país porque estaba en desacuerdo con su jerarquía por las torturas y porque se negó a entregar un arma a los «colectivos», civiles afines al gobierno de Nicolás Maduro que la oposición tilda de «grupos armados paramilitares».
Esto le generó enemigos y decidió partir con su familia hacia Estados Unidos, donde tenía parientes. Ahora, su mujer y sus dos gemelos están en casa de su cuñada en Florida.
«Yo no quiero que se me vaya a morir con esa enfermedad», dijo a la AFP su mujer, Osmary, de 42 años. «Yo quiero que el mundo se entere lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes».
En los centros para migrantes el coronavirus avanza exponencialmente en un momento en que la pandemia ha dejado más de 46.583 muertos en Estados Unidos.
En las cárceles para migrantes que gestiona el Servicio de Inmigración (ICE) hay 287 casos, pero asociaciones de derechos humanos denuncian que hay más infectados sin reportar.
– «Nos van a matar aquí encerrados» –
«Estoy muy asustado, ya quiero que me aíslen», afirmó Marcos relatando que en la prisión el aire acondicionado está encendido constantemente y eso hace que sufran problemas en la garganta y la piel.
«Por eso le dicen las hieleras», explicó en referencia al acrónimo de ICE y la palabra hielo.
«No sabe lo débiles que estamos. Parecemos una radiografía», contó Marcos, que dice que el COVID-19 terminó con la salida a un campo que disfrutaban una vez al mes.
Tienen un patio de 10 por 11 metros por cada 100 detenidos y su alimentación son casi puros carbohidratos y poca proteína.
Pese a que pidió asilo político, Marcos sigue detenido porque hace 23 años vivió en Estados Unidos y mintió en un formulario diciendo que era ciudadano.
Por eso estuvo en prisión casi dos años y pidió la deportación voluntaria. Ahora, en el proceso, un juez dijo que ese antecedente hace que su caso no sea creíble.
«Nos van a matar aquí encerrados», denunció.
El médico Jody Rich – epidemiólogo de la Universidad de Brown – explicó a la AFP que en cualquier centro de detención es imposible mantener la «distancia social» para prevenir la enfermedad, porque es un lugar donde nunca hay más de dos metros entre dos personas.
Rich y otro médico, Scott Allen, que trabajaron como expertos para la Oficina de Derechos Civiles y Libertades del Departamento de Seguridad Interior, alertaron al Congreso – protegidos por un programa de responsabilidad del gobierno – sobre la amenaza para los migrantes, trabajadores y para la población del brote de COVID-19 en los centros de ICE.
En una carta enviada al Congreso en marzo los facultativos advirtieron que esta situación es un «polvorín».
– «No tiene la capacidad pulmonar para hablar» –
El marido de Sonia, una guatemalteca de 40 años, fue arrestado en una redada masiva contra indocumentados en una fábrica en Misisipi en agosto de 2019.
«Tengo miedo de que se muera», contó por teléfono a la AFP la mujer que prefiere no dar más detalles de su identidad. Desde que su esposo fue trasladado a una prisión a otro estado no puede verlo.
Sonia relató que su marido -que sufre una patología gástrica- comparte un espacio con otras 75 personas y que la comida es escasa. Se puede comprar, pero no pueden permitírselo.
Sonia, que también está en situación irregular, llegó de Guatemala en 1997 huyendo de la violencia.
Él ya había sido deportado una vez de Estados Unidos, pero temía por su vida.
Sonia recordó que él le dijo antes de partir hacia el Norte: «Si me quedo aquí, me matan».
Salomón Diego Alonso -también detenido en la misma redada- contrajo el virus en un centro de detención de Richwood, en Louisiana. La organización Justicia y Equidad para los Migrantes denunció que ICE le negó la atención médica en un hospital, pese a su gravedad.
Cuando el juez atendió su caso para analizar su liberación, el guardia respondió por él: «No tiene la capacidad pulmonar para hablar», denunció la organización.
ICE dijo a la AFP que debido a la naturaleza «sin precedentes» de la situación del COVID-19 están revisando la situación «caso a caso».
«Cualquier tipo de centro de detención o de correccional facilita la transmisión porque hay demasiada gente en un espacio muy pequeño», concluyó el doctor Rich.
