San José (AFP) – Costa Rica busca controlar mediante la reforma de una ley las armas que circulan en la calle en poder de civiles para frenar unas tasas de criminalidad que alarman a la población.
El nuevo intento del gobierno por establecer controles adicionales a la tenencia de armas, regulada por una legislación de 1994, despertó críticas de defensores del derecho de portar armas, que sienten que la propuesta los castiga innecesariamente.
«Hemos notado una enorme correlación entre las armas de fuego y la violencia. De los homicidios del año pasado, 68% fueron cometidos con armas de fuego, y de todos los delitos que se cometen en el país, la mitad involucran armas», aseguró a la AFP el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano.
El país centroamericano ha vivido un alarmante aumento de los homicidios entre 2012 y 2017, cuando alcanzó 12,1 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según la policía judicial.
La cifra se redujo en 2018 a 11,7, una cifra de todos modos muy superior al promedio mundial de 5,3 homicidios en 2015, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La reforma a la ley de 1994 busca controlar el número de armas que circulan y aumentar las penas para el mercado ilícito.
Bajo la ley actual, tener una arma sin el debido registro se sanciona con trabajo comunitario, y con la reforma se aplicarían penas de cárcel.
También apunta a «controlar los portillos que pasan del mercado legal al ilegal», precisó Solano.
El viceministro también citó información oficial, según la cual 5.270 armas de empresas privadas de seguridad desaparecieron de su control los últimos años y posiblemente están manos de la delincuencia.
La reforma apunta a que el Estado tome control de las armas cuando una empresa de seguridad cierra o tiene su registro suspendido, con un plazo para que las venda legalmente o recupere su permiso de operación. En caso contrario, las armas serían destruidas.
Un tercer aspecto abordado por la reforma es reducir de tres a una la cantidad de armas de fuego que un civil puede registrar, y clarifica las condiciones en que el Estado puede quitarle el arma.
El objetivo, señaló Solano, es «impactar positivamente (en) la situación de seguridad, quitarle armas de fuego a los criminales y, consecuentemente, disminuir las tasas de homicidio».
– Más controles –
La Asociación Pro Defensa, que agrupa a portadores legales de armas, se opuso rotundamente a disminuir la cantidad de armas en manos civiles y cuestionó otros aspectos de la reforma.
El ingeniero Mauricio Alvarado, secretario de Pro Defensa, citó como ejemplo que la reforma prohíbe las municiones de calibre 762×39, útiles para las AK47 -un fusil muy usado por el crimen-, pero también para muchos otros rifles con fines deportivos.
«Eso denota que hay un gran desconocimiento y una gran ingenuidad, porque si los grupos criminales acceden de manera tan fácil al mercado negro (de armas), no van a ir al mercado legal a comprar municiones, eso es un absurdo», dijo Alvarado a AFP.
Citando datos de la policía judicial, Alvarado apuntó que entre 2015 y 2018 se reportaron 36.820 delitos con armas de fuego. De las 442 que la policía recuperó, solo 48 tenían los permisos correspondientes, lo que a su juicio indica la baja incidencia de las armas legales en la criminalidad.
«Cualquier restricción que se establezca a los ciudadanos con armas legales no tendrá ninguna incidencia en la criminalidad», sostuvo.
Alvarado aseguró que los miembros de Pro Defensa son partidarios de la regulación de la tenencia de armas de fuego, pero cuestionan que las modificaciones en discusión «atacan al portador legal».
Al respecto, el diputado oficialista Enrique Sánchez destacó que los controles buscados sobre las armas en manos de civiles no será retroactivo, y no afectará a quienes actualmente tienen tres o más armas registradas.
«A mayor cantidad de armas en la calle aumentan las posibilidades de violencia», dijo Sánchez a la AFP. «Un arma en un caso de violencia doméstica aumenta el riesgo de femicidio; en una riña callejera, aumenta el riesgo de homicidio», sostuvo el legislador.
Admitió que la restricción es la mayor dificultad que enfrenta la reforma impulsada por el gobierno.
La diputada Zoila Rosa Volio, del opositor Partido Integración Nacional, pidió centrar los controles en las empresas de seguridad para que sus armas no se filtren al crimen.
«¿Por qué focalizar en los portadores legales (de armas) que no generan problema? Están generando problema las empresas de seguridad y las armas que se le pierden al Estado. Centremos la lucha donde tiene que ser», insistió Volio.
