Lima (AFP) – El Tribunal Constitucional de Perú anunció el jueves que decidirá el 29 de octubre si admite o no una demanda contra el cierre del Congreso decretado por el presidente Martín Vizcarra, en un nuevo episodio de una crisis política que levanta nubarrones sobre la economía.
«La fecha para decidir la admisibilidad de la demanda será el 29 de octubre», dijo el presidente del alto tribunal, Ernesto Blume, al término de una sesión reservada de tres horas de sus siete magistrados.
En una decisión que tiene en vilo a la clase política peruana, la corte debe pronunciarse sobre la demanda y dirimir asimismo si procede o no una medida cautelar solicitada por el jefe del disuelto Congreso, el opositor Pedro Olaechea, de suspender la disolución decretada el 30 de septiembre.
Los magistrados encomendaron a su colega Carlos Ramos que prepare la ponencia que será debatida y votada en la sesión del 29, indicó Blume.
«Es una responsabilidad personal de carácter histórico y de enorme compromiso de todos nosotros», declaró Ramos a los periodistas.
La policía colocó rejas en la calle para restringir el acceso a la sede de la corte, mientras decenas de personas se manifestaban en favor y en contra de la demanda.
Además, en un revés para la oposición, la corte rechazó incorporar como magistrado al abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Olaechea. Éste había sido elegido por el Congreso en una cuestionada votación horas antes de ser disuelto, durante una sesión que fue suspendida por una trifulca entre parlamentarios.
– Controversia por el cierre del congreso –
Una controversia sobre el sistema de designación de nuevos magistrados llevó a Vizcarra a disolver el Congreso, pues la oposición se aprestaba a copar el alto tribunal.
El cierre del Congreso que controlaba la oposición fue aplaudido por nueve de cada diez peruanos y llevó la popularidad de Vizcarra al récord de 79%, según encuestas.
Sin embargo, la medida fue tildada de «golpe de Estado» por la oposición aglutinada en torno al «fujiaprismo», los partidos de la encarcelada Keiko Fujimori -hija del condenado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)- y del difunto exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011).
Vizcarra convocó el mismo día de la disolución a nuevos comicios legislativos para el próximo 26 de enero.
Por ahora continúa en funciones una Comisión Permanente con facultades restringidas de 27 miembros, 21 de ellos opositores. La preside Olaechea, quien pidió la intervención de la alta corte la semana pasada.
En señal de confianza, Vizcarra no alteró su agenda este jueves y viajó a provincias a inspeccionar obras, como hace un par de veces por semana desde que asumió en marzo de 2018.
Sin embargo, advirtió que «todos tenemos la vigilancia y los ojos puestos de todos los ciudadanos», en alusión a que un fallo en favor del Congreso profundizaría la crisis política.
Los choques de poderes empezaron en 2016 cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia tras vencer en balotaje a Keiko. No obstante, el fujimorismo ganó una amplia mayoría parlamentaria, con la que arrinconó al mandatario hasta forzarlo a renunciar en 2018.
Simultáneamente, fueron avanzando las indagaciones de la fiscalía por el escándalo de la brasileña Odebrecht, que salpica a cuatro expresidentes, además de Keiko, lo que ha mermado su apoyo popular.
– Kenji rompe silencio –
Kenji Fujimori, el benjamín del clan de ancestros japoneses que domina la política peruana desde 1990, rompió un silencio de meses para criticar el papel «obstruccionista» del partido de su hermana Keiko desde 2016, que según él «abrió la Caja de Pandora de todos los males que han atormentado al Perú desde entonces».
Ambos hermanos fundaron el partido fujimorista en 2011, pero rompieron relaciones hace dos años. Kenji fue suspendido en 2018 de su escaño en el Congreso por iniciativa de Keiko.
La oposición peruana pidió tras la disolución que interviniera la Organización de Estados Americanos (OEA), pero esta sugirió que acudir al Tribunal Constitucional para definir la situación del cierre del congreso.
Si el 29 de octubre es admitida la demanda, la corte iniciará un debate que puede prolongarse por unos tres meses, según especialistas, para decidir si Vizcarra actuó conforme a la carta magna o si la infringió y se convirtió en «dictador», como alega la oposición.
La situación es compleja pues si la corte reabre el Congreso, la crisis política podría profundizarse, dañando la economía. Esta ya siente los efectos del choque de poderes, coincidieron economistas en un encuentro organizado por la agencia clasificadora de riesgo Moody’s el miércoles en Lima.
«La economía ha sido un rehén de los políticos» peruanos, dijo Elmer Cuba, jefe de la consultura Macroconsult, destacando que desde hace dos años Perú crece dos puntos por debajo del promedio mundial, en contraste con años los anteriores.
«Nos asustamos mucho cuando se cerró el Congreso», pero «los inversionistas extranjeros ya se acostumbraron a este ruido», declaró por su lado Jaime Reusche, responsable de Moody’s para Perú.
