Managua (AFP) – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convertirá en un centro cultural el local donde funcionaba el diario La Prensa, crítico de su gobierno y cuya policía ocupó el año pasado, sumándose a una larga lista de entidades que han pasado a manos del Estado.
Las instalaciones del diario, el más antiguo del país con 95 años de existencia, fueron tomadas por la policía el 13 de agosto de 2021, aduciendo una investigación por fraude y lavado de dinero contra sus directivos.
Este martes, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, anunció la próxima construcción del «Centro cultural y politécnico José Coronel Urtecho», que administrará el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).
Durante un acto de instalación donde funcionará el centro, la Procuradora General de la República (PGR), Wendy Morales, entregó a las autoridades del Inatec la escritura en la que consta que el inmueble fue «debidamente inscrito a favor del Estado».
Las grandes letras con el nombre del diario que se apreciaban en la fachada del edificio fueron retiradas.
«Me golpea que quiten el rótulo de La Prensa (…) Fue inclaudicable durante [la dictadura de] Somoza, durante los 80 y siempre. Este despojo es un irrespeto a la memoria histórica de dignidad y libertad de Nicaragua», dijo la escritora nicaragüense Gioconda Belli, exiliada en España.
El gerente de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, fue arrestado el año pasado en medio de una seguidilla de detenciones de dirigentes de la sociedad civil, opositores y aspirantes presidenciales, antes de las elecciones de noviembre de 2021, donde Ortega fue elegido para un cuarto mandato consecutivo.
«El robo se concreta este 23 de agosto» a pesar de que durante el juicio a Holmann la fiscalía no presentó pruebas que demuestren algún ilícito, denunció La Prensa en su plataforma digital que elabora actualmente en el exilio desde Costa Rica. Este año, Holmann fue condenado a nueve años de cárcel.
La decisión sobre La Prensa ocurre un día después de que el gobierno inauguró la «Casa de la Soberanía» en el inmueble que servía de sede a la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad a la que expulsó del país en abril.
Nicaragua anunció su retiro del organismo en noviembre de 2021, luego de que la OEA desconoció la reelección de Ortega, con sus rivales presos o exiliados.
Ortega, un exguerrillero de 76 años, gobernó por primera vez el país entre 1979 y 1990. Perdió las elecciones ese año ante una coalición de derecha y retorno al poder en 2007, donde se mantiene luego de reelegirse en tres períodos consecutivos.
Borrar la historia –
«Aquellos lugares que han sido antro de maquinación, de crímenes de lesa humanidad, hoy son centros para la profunda espiritualidad y la educación», dijo Murillo. «No volverá el pasado de odio (…) eso está decretado», agregó.
«Hoy Daniel Ortega confisca La Prensa y para lavar su crimen lo bautiza como Centro Cultural José Coronel», dijo en Twitter el periodista Carlos Fernando Chamorro, exiliado y miembro del clan propietario del medio de comunicación.
Su hermana, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), es una de las exaspirantes presidenciales detenidas el año pasado, hoy bajo prisión domiliciaria.
«Quitaron las letras y quieren borrar la historia. ¡Jamás podrán eliminar el periodismo!», dijo en Twitter el exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, quien dejó el cargo en marzo después de denunciar a la «dictadura» en su país.
Una situación semejante a la de La Prensa fue experimentada por el canal de televisión 100% Noticias, cerrado en 2018 con sus bienes tomados por el Estado.
En 2019, corrió igual suerte al diario digital Confidencial, cuyo dueño es Carlos Fernando Chamorro. Ambos medios actualmente publican vía internet.
El bloque opositor Unidad Nacional, con su dirigencia en el exilio, denunció una «nueva arremetida» del gobierno contra oenegés, medios de comunicación y la Iglesia católica, en su afán de eliminar cualquier espacio independiente.
En el último año el gobierno ha ilegalizado unas 1.500 entidades, entre organizaciones de la sociedad civil o universidades, argumentando que no se ajustaban a las leyes y colocando sus inmuebles a disposición del Estado.
Organismos humanitarios contabilizan además 190 opositores presos en Nicaragua. Ortega los acusa de complotar para tratar de derrocarlo, con ayuda de Washington.
En los últimos días, la relación entre Ortega y la Iglesia católica se ha hecho más tensa, tras la detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico del gobierno.
El papa Francisco dijo que seguía los hechos con «preocupación». En marzo el gobierno expulsó al nuncio apostólico.
También se ilegalizó a la Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de la madre Teresa de Calcuta, que abandonó el país en julio.
