San Salvador (AFP) – Tras purgar la mitad de su condena a 30 años de prisión, la salvadoreña Maira Figueroa recuperó este martes su libertad luego de que la justicia conmutara su sentencia por sufrir un aborto, que fue tipificado como homicidio agravado bajo una drástica ley.
Figueroa, de 34 años, salió vestida de negro y sonriente a las 08H20 locales (14H20 GMT) de la Cárcel de Mujeres, ubicada 6 km al este de San Salvador, constató un periodista de la AFP.
«Se le ha concedido la gracia de la conmutación de la pena en el sentido de sustituir la pena de 30 años a 15 años de prisión«, consigna el documento que le otorga la libertad.
«Me siento feliz de estar con mi familia», declaró a la prensa la recién liberada, que tenía 19 años cuando quedó embarazada producto de una violación. «Espero que a otras mujeres se les dé la oportunidad de salir en libertad».
Se trata de la segunda mujer beneficiada con una conmutación de pena este año. El 15 de febrero fue liberada Teodora Vásquez tras pasar en prisión 11 de los 30 años de sentencia por sufrir un parto intempestivo y perder al bebé.
En las afueras de la cárcel Teodora Vásquez se fundió en un abrazo con Maira Figueroa, con quien compartió las celdas.
Figueroa sufrió en 2003 una emergencia obstétrica en la casa en donde trabajaba como empleada doméstica y fue llevada con una hemorragia a un hospital en la ciudad de Chalchuapa, 89 km al oeste de San Salvador.
El bebé murió. En el hospital «fue detenida y acusada de haberse provocado un aborto», explicó este martes en un comunicado el colectivo Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE).
La fiscalía la acusó de homicidio agravado y en 2003 un tribunal de la ciudad occidental de Ahuachapán la condenó a 30 años de prisión.
El 31 de enero de 2017 el colectivo, que agrupa a 15 organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la mujer, pidió la conmutación de su pena de prisión ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Casi dos meses después la CSJ resolvió avalar la conmutación de la pena y comunicó la decisión al Ministerio de Justicia y Seguridad, que dio su acuerdo y posteriormente ratificó el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, a Figueroa se le «irrespetó la presunción de inocencia», pues en el juicio no se escuchó su versión de los hechos y «no tuvo una defensa adecuada».
«Maira sufrió un problema obstétrico y no cometió homicidio», sostuvo.
– Más encarceladas –
Tras la liberación de Teodora Vásquez y Maira Figueroa, quedan en El Salvador 24 mujeres encarceladas por abortos que fueron calificados como homicidios, de acuerdo con Morena Herrera, coordinadora de la organización.
«Todas fueron condenadas por prejuicio, por lo que esperamos se revisen sus casos o se les conceda un indulto», manifestó.
Más allá de las encarceladas, Herrera plantea la necesidad de «despenalizar el aborto en circunstancias específicas (como) cuando la salud de la madre está en riesgo».
Cuando se despenalice el aborto, en el sistema de salud pública salvadoreño «se analizarán las emergencias obstétricas de las mujeres pobres en su justa dimensión», consideró Herrera.
La dureza de la ley antiaborto salvadoreña trascendió en 2013 con el caso de Beatriz, una joven de 22 años que padecía lupus y a la que se le impidió interrumpir su embarazo a pesar de que el feto no había desarrollado el cerebro y estaba condenado a morir al nacer.
Tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Beatriz recibió autorización para una cesárea temprana y el recién nacido murió horas después.
