Lima (AFP) – Un comité del Congreso peruano recomendó este lunes la destitución e inhabilitación por 10 años del cuestionado exfiscal general Pedro Chávarry, quien renunció al cargo en enero en medio de un escándalo de corrupción, pero siguió integrando la cúpula de la fiscalía.
Tras casi cuatro horas de debate, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó pedir al plenario del Parlamento que remueva a Chávarry de su puesto de «fiscal supremo» (uno de los cinco miembros de la junta directiva de la fiscalía) y lo ponga en manos de la justicia.
La decisión fue adoptada por cinco votos contra tres (y dos abstenciones), después de que el legislador Juan Sheput concluyera una investigación preliminar sobre Chávarry y recomendara su destitución por integrar supuestamente una mafia judicial y obstruir investigaciones de la fiscalía.
«Por primera vez, una acusación contra el exfiscal Chávarry pasa en la Subcomisión», destacó Sheput, quien había recomendado además que Chávarry sea puesto «a disposición de la jurisdicción penal ordinaria para los fines pertinentes» e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años.
La última palabra la dará en los próximos días el plenario del legislativo, único órgano facultado para remover a un fiscal supremo.
La propia sucesora de Chávarry como fiscal general, Zoraida Ávalos, presentó la semana pasada la acusación contra su colega.
Chávarry, de 67 años, se había salvado de anteriores iniciativas de remoción por el apoyo del fujimorismo, partido que controla el Congreso peruano.
Desde que tomó la conducción de la fiscalía en enero, Ávalos ha impulsado las investigaciones anticorrupción, entre ellas una contra una mafia judicial de venta de sentencias, conocida como «Los Cuellos Blancos del Puerto» del Callao, integrada supuestamente por el cuestionado fiscal supremo.
Chávarry asumió como fiscal general en julio de 2018, dos semanas después de que salieran a la luz comprometedores audios de jueces, pero tuvo que renunciar al cargo en enero.
El propio presidente peruano, Martín Vizcarra, le había pedido que no asumiera como fiscal general, cargo para el que había sido elegido antes de que estallara el escándalo, pero Chávarry se aferró al puesto negando haber cometido irregularidades.
En señal de disgusto, ninguna autoridad del gobierno asistió a la ceremonia de juramentación de Chávarry.
La excepción fue el entonces presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien asistió por orden de su líder, la opositora Keiko Fujimori, ahora en prisión preventiva en el marco de las investigaciones del escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.
Los medios peruanos vinculan a Chávarry con el fujimorismo, lo mismo que al destituido juez de la Corte Suprema César Hinostroza, quien cuando iba a ser procesado escapó a España, donde ahora enfrenta un pedido de extradición que ya fue aprobado en primera instancia.
– Golpe de timón –
Chávarry intentó dar un golpe de timón en la fiscalía, al despedir el último día de 2018 a los dos fiscales más prominentes y populares de Perú, Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes conducían las investigaciones de Odebrecht que salpican a cuatro expresidentes peruanos, incluido el difunto Alan García; y a Keiko Fujimori.
Una ola de repudió popular y las críticas del gobierno llevaron a Chávarry a restituir a ambos fiscales y a presentar su propia renuncia una semana después.
Fue sustituido por Ávalos, quien ahora busca recuperar la credibilidad de la fiscalía echando a su cuestionado colega y ponerlo en manos de la justicia.
«Nosotros creemos que (Chávarry) ha obstaculizado la investigación» contra Keiko y entorpecido otras indagaciones del caso Odebrecht, declaró Ávalos el sábado en una entrevista con el diario El Comercio.
Chávarry, quien tenía desde hace cuatro meses prohibición de salida de Perú, negó integrar una mafia, aunque admitió que había mentido sobre un encuentro con el destituido juez Hinostroza.
«Me pusieron como ‘el señor que miente siempre’ por una sola mentira. Eso no me hace a mí partícipe de una organización criminal», declaró Chávarry el viernes al canal RPP, al lamentar la recomendación del legislador Sheput.
Pero los descargos de Chávarry fueron desestimados este lunes por la Subcomisión, a pesar de la mayoría fujimorista, pues este partido se ha debilitado y ya no actúa monolíticamente desde que Keiko fue en octubre a prisión.
