Quito (AFP) – El Congreso de Ecuador abrió este domingo un juicio político contra el excontralor del Estado, Carlos Pólit, envuelto en el caso de corrupción de Odebrecht por el cual renunció.
El juicio político fue planteado por el oficialismo, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, y respaldado por la oposición, que busca censurar al exfuncionario.
Daniel Mendoza, del partido oficialista Alianza País (AP), presentó los cargos contra Pólit por incumplimiento de sus funciones de contralor, al delegar la firma de informes y no auditar los contratos suscritos entre el Estado y la constructora brasileña.
«Existió un favorecimiento a la empresa Odebrecht, existió un modus operandi en la Contraloría General del Estado», aseguró Mendoza en su presentación de más de una hora en el pleno del Congreso.
El asambleísta agregó que, «independientemente de que haya delegado la firma, independientemente de que haya utilizado esta práctica nefasta de tratar de blindar su accionar, simplemente ha demostrado de manera que ha incumplido con sus funciones», por lo que pidió «censurarlo».
La censura implica la destitución del cargo. Sin embargo, Pólit renunció el pasado 20 de junio desde Miami, donde se encuentra por una «afectación» de salud.
Para censurar a Pólit se requiere el voto de la mayoría absoluta (la mitad más uno) de la Asamblea, compuesta por 137 diputados.
El excontralor –quien envió su defensa por escrito y fue leída por la secretaria de la sesión durante casi dos horas– alegó que se le pretende sancionar con base en artículos de prensa y que no tiene «ninguna responsabilidad política» en los cargos que se le imputan.
Asimismo, señaló que el juicio político no ha respetado el debido proceso y tiene «vicios de fondo».
El excontralor se vio envuelto en la trama de corrupción el pasado 2 de junio, cuando las autoridades allanaron su vivienda en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.
Las indagaciones en curso y bajo reserva en Ecuador dejan una decena de detenidos, entre ellos el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera y un tío del vicepresidente.
La Fiscalía abrió una investigación por el caso Odebrecht en Ecuador tras la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre pasado, de que la firma pagó entre 2007 y 2016 unos 33,5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos.
A raíz de la indagación, están bloqueados pagos por 40 millones de dólares a Odebrecht para garantizar una indemnización al Estado, y existe la prohibición temporal de hacer contratos estatales con la compañía.
