La Paz (AFP) – La condena a 10 años de cárcel para la expresidenta interina Jeanine Áñez levanta dudas sobre la independencia de la justicia en Bolivia, señalada de estar bajo control del poder político.
Áñez, una exsenadora derechista, fue condenada el pasado viernes acusada de actos inconstitucionales e incumplimiento de deberes al asumir el mando en noviembre de 2019, dos días después de la renuncia del presidente izquierdista Evo Morales en medio de protestas.
«Las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional», tuiteó el relator especial de la ONU sobre independencia de los magistrados, Diego García-Sayán.
«Preocupa lo revelado» –
El Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales y de su delfín, el actual presidente Luis Arce, sostiene que la entonces senadora Áñez violó normas y perpetró un «golpe de Estado» contra Morales (2006-2019).
Ella era segunda vicepresidenta del Senado y alegó que asumió el mando porque detrás de Morales dimitieron, como fichas de dominó, todos los que le seguían en el orden de sucesión constitucional.
Entre los dirigentes del MAS coincidieron en que Áñez «debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades» para Áñez, dijo Morales el fin de semana a la radio Kausachun Coca de Cochabamba.
El oficialismo posiblemente descartó un juicio de responsabilidades para la exmandataria y abogada de 54 años, porque carecía de los votos necesarios en el Congreso para que fuera condenada.
«Preocupa lo revelado» por Morales «sobre una reunión política entre líderes del gobierno y del partido de gobierno, en que habrían acordado que la señora Áñez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades», expresó García-Sayán en Twitter.
«Al margen de cómo surgió su mandato», los expresidentes de Bolivia «tienen derecho a juicio de responsabilidades» en el Congreso, en vez de ser sometidos a un proceso penal, agregó este jurista peruano y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Morales le respondió en un tuit: el relator de la ONU «no puede convertirse en protector de los enemigos históricos del pueblo que masacraron a nuestros hermanos».
La exmandataria estaba en prisión preventiva desde hacía 15 meses.
«Servilismo» –
Para el conocido constitucionalista boliviano William Bascopé, «la actual condición de la justicia boliviana es la más paupérrima y decadente en toda la historia de la fundación del país».
Bascopé afirmó a la AFP que en Bolivia «nunca» se había atravesado «una situación tan vergonzosa en decadencia institucional y de valores y principios en la institución judicial».
Es «muy evidente el servilismo» de la Fiscalía y el Poder Judicial de Bolivia al gobierno, afirmó.
El constitucionalista indicó que se necesita una reforma que termine con el sistema actual, en que para ser designado juez por el Consejo de la Magistratura, el postulante debe mostrar simpatías al gobierno de turno.
«Debilidades estructurales» –
«El sistema judicial boliviano sufre de injerencia política desde hace años. Los gobiernos se han aprovechado de su falta de independencia y debilidades estructurales», afirmó por su lado César Muñoz, investigador senior de la organización Human Rights Watch (HRW), en su cuenta de Twitter.
En su momento, el gobierno de Áñez (2019-2020) también impulsó causas judiciales contra Morales. Su ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, lo denunció por supuesta «sedición y terrorismo» por los bloqueos de rutas que hacían sus partidarios.
Tras la denuncia del ministro, la Fiscalía abrió una investigación contra Morales, entonces refugiado en Argentina, y ordenó su arresto. El caso fue cerrado tras la llegada de Arce a la presidencia, a fines de 2020.
El mismo García-Sayán, quien visitó en febrero Bolivia, afirmó en un informe preliminar que «la justicia está lejos de la gente» y destacó que «si no hubiera cuestionamientos a la independencia judicial, yo no estaría aquí».
