Belén de Escobar (Argentina) (AFP) – Décadas de experiencia, una vasta red de auxilios estatales y comunitarios, y mucho ingenio, ayudan a los más pobres en Argentina a resistir el incesante aumento en el precio de los alimentos, un problema que se ha generalizado en el mundo con la guerra en Ucrania.
Elena González tiene una garrafa de gas, pero para ahorrar cocina con leña en el rústico patio de su casa a la afueras de Buenos Aires. Con tres ocas, cuatro gallinas y una huerta incipiente esta mujer, a cargo de un comedor popular, se las ingenia para completar las ayudas que obtiene del Estado y de donantes privados, mermadas por la inflación.
«El rebusque se hace cada vez más difícil», dice Elena, activista de la organización social Barrios de Pie, que hace ocho años instaló este comedor en la localidad Belén de Escobar.
Argentina tiene desde hace años uno de los mayores índices de inflación del mundo, con 50% en 2021. Pero en 2022 se disparó aún más. El rubro de los alimentos registró un aumento de 20% solo en el primer trimestre.
«Pero pase lo que pase, aquí no puedo dejar de cocinar ni un día, si no los chicos me vienen a tocar la puerta, a reclamar su plato», añade Elena González.
Más de cuatro millones de personas dependen de subsidios estatales para comer. Y aunque el país cuenta con una aceitada red de asistencia, la lucha contra los altos precios es ardua.
El ministerio de Desarrollo Social dio este año un aumento de 50% a quienes reciben ayudas directas para la compra de alimentos. Los montos oscilan entre 9.000 y 18.000 pesos mensuales (75 a 150 dólares).
Además, el ministerio apoya financieramente a los comedores de más de 15.800 escuelas y, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a más de 1.600 organizaciones comunitarias que ofrecen almuerzos y meriendas a más de 300.000 personas diariamente.
Esas ayudas se completan con asistencia de los municipios, que entregan desde carne de pollo hasta terrenos para cultivos de autosustento como el del patio de Elena González.
«Sobrevivimos por la necesidad» –
Argentina tiene «una red de seguridad social bastante mayor que otros países latinoamericanos. Pero se encuentra ante un dilema, porque no puede aumentar su gasto fiscal por sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional», explica el sociólogo Ricardo Rouvier.
Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, lo nota. «Tenemos muchas dificultades con respecto a la asistencia del Estado a los comedores y merenderos». «La asistencia es inconstante», asevera.
«Sobrevivimos por la necesidad que hay. Tenemos tantos comedores y merenderos porque las familias comprenden que en conjunto se cocina mejor que cada uno por separado. Los propios negocios del barrio colaboran con lo que falte. Buscamos donaciones de empresas …», indica Saravia.
Desde hace dos años, esta organización surgida en 2001, en medio de la peor crisis de la historia reciente de Argentina, promueve las huertas comunitarias. En la periferia de Buenos Aires tienen 90, y en el resto del país más de 900. En la de Elena González han plantado lechuga, acelga, remolacha, arbejas y habas para esta temporada de otoño-invierno.
«Cabeza y corazón» –
A la par de los auxilios estatales también actúa una red que implica a grupos religiosos y a organizaciones de la sociedad civil, como la ONG Banco de Alimentos, creada en 2000 y que cuenta con 25 entidades en todo el país.
El mayor Banco de Alimentos se encuentra en Munro, a las afueras de Buenos Aires, y con aportes de supermercados, empresas de la agroindustria y otros donantes provee a unas 1.200 organizaciones, con alcance a más de 340.000 personas cada día. En 2021, distribuyó más de cinco millones de kilos de alimentos, según su vocera Virginia Ronco.
Su limitación consiste en que reparte lo que recibe y no necesariamente lo que más requieren los comedores. «Las organizaciones siempre nos plantean la necesidad de leche», un alimento que les llega en pocas cantidades y que a veces compran con fondos donados, ejemplifica Ronco.
«Las organizaciones son las verdaderas heroínas de esta historia. Están día a día cocinando con los pocos recursos que tienen. Por más que estén en una situación de vulnerabilidad importante, le ponen una cabeza y un corazón a la tarea que asombra», afirma.
La ayuda estatal a los sectores más pobres comenzó durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89), al regreso de la democracia, con la distribución de lo que se conoció como ‘la caja PAN’ (Programa Alimentario Nacional). Con la crisis de 2001 se profundizó y actualmente atraviesa por uno de sus picos, señala el analista político Carlos Fara.
«Estamos en una circunstancia en la que la economía está en crecimiento, pero con muy alta inflación. Eso tiene un impacto social, porque la pobreza (37%) es por ingresos», advierte.
Contenido relacionado
- El impacto de la cría de insectos en la lucha por la biodiversidad
- La iniciativa que revoluciona la industria de las artesanías en Guatemala
- Manglares y cambio climático: el papel crucial de las comunidades locales
