Toribío (Colombia) (AFP) – El gobierno de Colombia ordenó este miércoles el despliegue de 2.500 militares de élite para combatir a guerrilleros disidentes de las FARC que mataron a cinco indígenas en una zona bajo influencia del narcotráfico.
Desde el municipio de Santander de Quilichao (suroeste), el presidente Iván Duque acusó a los rebeldes que no se acogieron al pacto de paz de «amedrentar a las comunidades indígenas» mediante la violencia.
En respuesta, anunció la creación de una fuerza élite con «2.500 efectivos» que tendrá la misión de tomar el «control territorial», «cerrar las rutas del narcotráfico» y «desmantelar» a la disidencia.
Duque encabezó un consejo de seguridad en inmediaciones del territorio indígena donde el martes fueron asesinados una líder y cuatro guardias nativos. El ejército y los indígenas acusaron a los disidentes de haber perpetrado la masacre que también dejó seis heridos.
El ataque ocurrió en el resguardo de Tacueyó, un territorio del municipio de Toribío que está bajo jurisdicción indígena, en el conflictivo departamento de Cauca.
Las Fuerzas Militares informaron que la violenta acción estuvo dirigida contra la guardia indígena, un cuerpo de control que opera sin armas, provisto apenas de bastones y equipos de comunicación.
La fuerza indígena reforzó este miércoles la vigilancia del resguardo de la comunidad Nasa antes de los funerales que se realizarán el próximo viernes.
– «Desangre» –
Más temprano, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció el «desangre» de sus pueblos a causa de la violencia financiada por el narcotráfico y convocó a una movilización nacional de repudio.
El movimiento anticipó que marchará junto a los sindicatos, campesinos y universitarios el 21 de noviembre, cuando está previsto un «paro» en protesta contra políticas del gobierno.
En Tacueyó, las comunidades dijeron que seguirán en sus tierras pese a la arremetida de los grupos armados que pretenden involucrarlos a la fuerza en el negocio ilegal.
«Esta es nuestra casa y de nuestra casa nosotros no vamos a salir (…), vamos a permanecer así nos toque morir», dijo a la AFP Luis Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena.
En Colombia hay alrededor de 1,9 millones de indígenas, que representan el 4,4% de la población del país.
Desde el desarme del grueso de combatientes de la antigua guerrilla FARC, en 2017, se ha recrudecido la violencia en puntos focalizados de Colombia, donde organizaciones bien armadas quieren asumir el dominio ante la tardía llegada del Estado para copar el vacío dejado por los rebeldes.
La ONIC ha denunciado el asesinato de 123 indígenas desde la llegada de Duque al poder en agosto de 2018.
– Misión internacional –
Acompañados de congresistas de la Comisión de Paz del Senado, los líderes de la ONIC reunidos en Bogotá solicitaron una «visita extraordinaria» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la relatora especial de la ONU para los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
Según sus voceros, la idea es que una misión internacional pueda constatar su «grave situación de emergencia humanitaria, social y económica».
Este miércoles el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, elevó su «voz de repudio y condena» por la masacre, según un comunicado difundido en Washington.
De su lado, el presidente insistió en relacionar la violencia que sufren los indígenas con el «crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos» de los últimos años, que alcanzaron las 169.000 hectáreas en 2018, según la ONU.
El mandatario lleva a cabo una agresiva campaña de erradicación manual de plantíos y pretende reanudar las fumigaciones aéras que habían sido suspendidas por su antecesor, el nobel de paz Juan Manuel Santos, ante el potencial daño de un herbicida sobre la naturaleza y la salud humana.
Duque espera antes acoger unas recomendaciones de la justicia para poder reactivar la aspersión aérea.
Para los indígenas las acciones «sistemáticas» en su contra son consecuencia del «incumplimiento de los acuerdos» de paz suscritos en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista.
Criticado por el gobierno de Duque, el pacto con el ahora partido FARC privilegia la sustitución voluntaria de cultivos ilegales a cambio de ayudas para los campesinos involucrados en la siembra.
Tras décadas de persecución a las drogas, Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína y Estados Unidos su mayor consumidor.
