Buenos Aires (AFP) – La cifra de muertos en Argentina por consumo de cocaína adulterada en asentamientos cercanos a la capital federal se elevó el viernes a 23, en tanto 37 personas permanecen hospitalizadas, informó a la AFP un portavoz del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
«Hubiera sido una tragedia mayor» si no se hubiera decomisado «una gran cantidad» de cocaína aparentemente mezclada con un opioide, dijo el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires (la más poblada del país), Pablo Bianco.
El ministro provincial de Salud, Nicolás Kreplak, dijo que se desmantelaron los puestos de venta del estupefaciente y «se confiscaron 20.000 dosis».
Un portavoz del ministerio de Seguridad bonaerense dijo a la AFP que el producto provocó 23 muertes. Además 37 pacientes permanecen con respiración asistida. Más de 80 personas fueron ingresadas en las ultimas 24 horas, en hospitales del oeste y el norte del Gran Buenos Aires.
El cabecilla y otros dos miembros de la banda de traficantes de la localidad periférica de San Martín que distribuyó la cocaína fueron detenidos en la madrugada del jueves.
El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, rechazó que «una guerra de narcos» sea la causa de la adulteración.
La atribuyó, en cambio, a impericia en el manejo de los químicos. «Nadie complota contra su propio negocio», sostuvo.
La cocaína fue distribuida desde la noche del martes en el asentamiento Villa Puerta 8 del municipio Tres de Febrero, a 40 kilómetros de la capital.
Algunos consumidores murieron de un paro cardíaco fulminante y varios en sus propias viviendas.
«Espero un milagro», dijo angustiada Beatriz Mercado en el hospital a donde llevó a su hijo de 31 años apenas lo encontró tirado en la cocina de su casa. «No respiraba casi», dijo Mercado y exclamó «¡Hagamos algo».
El Ministerio de Salud bonaerense debió emitir el miércoles una inédita «alerta epidemiológica» y pidió a los consumidores desechar sustancias adquiridas recientemente por precaución.
– Volvieron a consumir –
«Hemos tenido tres casos de personas externadas con intoxicación, que este jueves volvieron (a ser hospitalizadas) porque volvieron a consumir», dijo Kreplak al canal TN.
La sustancia letal sigue bajo análisis pero Berni anticipó que contiene un opioide porque muchos intoxicados reaccionaron positivamente al tratamiento médico para esos casos de abuso de consumo.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que el problema del tráfico y consumo de drogas ilegales en el Gran Buenos Aires, de 10 millones de habitantes, «tiene la gravedad que tuvo siempre, con el agravante de una sobreproducción y sobreoferta» de sustancias de bajo costo y calidad.
Según Berni, en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que concentran un 40% de la población argentina, «hay una venta de 250.000 dosis de cocaína todos los días (…) es el piso de lo que se calcula».
Más infografías en Statista
Argentina se incorporó a las rutas internacionales del narcotráfico en los años de 1970. Ya a mediados de los años 1980 se incautaba media tonelada de cocaína al año y una década después, cuatro veces más, según registros oficiales.
En 2020, en pandemia, el consumo de drogas ilegales cayó y se incautaron 2,7 toneladas de cocaína y 198 toneladas de marihuana. En 2017, se había incautado un récord de 12,1 toneladas de cocaína.
Rosario, 300 km al norte de Buenos Aires, tercera ciudad más poblada del país, sufre desde hace más de 20 años la violencia del narcotráfico. La ciudad registró el año pasado 231 homicidios y decenas de balaceras a sedes públicas con fines de extorsión, según fuentes municipales.
– Pobreza y drogas –
El Gran Buenos Aires registra 45,3% de pobreza y 10,1% de desempleo, según el Instituto de Estadísticas.
La Villa Puerta 8, donde se vendió la cocaína adulterada, es un barrio de 170 casas precarias donde muchos jóvenes se dedican al narcomenudeo, declararon vecinos del lugar a la prensa.
Pero «la droga no tiene condición social: los ricos, los pobres, la clase media, los profesionales. No sirve hacer cárceles, hagamos centros de rehabilitación», comentó Beatriz Mercado, madre de un hospitalizado en estado grave.
Blanca, madre de uno de los internados, declaró frente al hospital que el Estado no le ofreció alternativas a tratamientos privados para adictos con un costo de 60.000 pesos mensuales (300 dólares al tipo de cambio paralelo).
El sociólogo Alberto Calabrese, experto en adicciones, dijo a la AFP que el subregistro de consumo de drogas ilegales en el país «es muy grande» y que «en condición de pobreza y falta de horizontes es muy probable que aumenten los consumos de lo que sea».
«No hay que poner el problema en términos de pobreza exclusivamente, porque es equivocarse, atraviesa la sociedad, con drogas legales e ilegales. La gente siente que ya no está transgrediendo», afirmó Calabrese.
