San José (AFP) – La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció el viernes una resolución que pide a Perú «abstenerse de implementar» una sentencia de su más alto tribunal que permite la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad.
Según la Corte, la decisión del Tribunal Constitucional de Perú «no efectuó una ponderación que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares».
«Más aún, el Tribunal Constitucional efectuó un pronunciamiento que restituyó los efectos de un indulto ‘por razones humanitarias’ otorgado cuatro años atrás, sin valorar información actualizada sobre la situación de salud del condenado», agregó la Corte.
La primogénita del expresidente, la política opositora Keiko Fujimori, manifestó que la noticia fue «recibida con mucho dolor» por su familia porque «guardaban un poquito de esperanza» en que la corte mantuviera la libertad de su padre.
«Siento que esto no es justicia, siento que esto no son derechos humanos. No vamos a perder la fe y vamos a seguir luchando por su libertad. Hoy no es un día grato para nosotros», declaró a la prensa Keiko acompañada de su hermana menor Sachi.
Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad tras ser extraditado desde Chile en 2007.
El exmandatario es el único preso del pequeño penal Barbadillo, ubicado en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. Ahí cultiva flores, pinta cuadros al óleo y recibe visitas familiares.
El pasado 1 de abril, Perú aseguró que acatará cualquier decisión de la Corte Interaericana sobre si Fujimori debe continuar en prisión, pese a la reciente resolución del Tribunal Constitucional peruano, que ordenó su excarcelación.
«La decisión que [la Corte Interamericana] tome será implementada por el Estado de la manera más pronta posible», dijo entonces el procurador Carlos Miguel Reaño, el abogado del Estado peruano.
«Estamos consternados» –
El pasado 17 de marzo, el Tribunal Constitucional restituyó a Fujimori, de 83 años, un polémico indulto que le había concedido el presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017 y anulado 10 meses después por la justicia.
Pero los familiares de las víctimas acudieron a la Corte Interamericana, con sede en San José, para impedir su liberación anticipada.
En Lima no hubo de inmediato reacción de familiares del expresidente de ancestros japoneses, pero uno de sus abogados admitió que la decisión anunciada este viernes en San José los dejó «consternados».
«Lo tomamos con mucha sorpresa, con mucha preocupación por el hecho que no se hayan tomado en cuenta todos los alegatos y documentos presentados» por la defensa de Fujimori, dijo el abogado Elio Riera al Canal N.
«No se ha analizado el tema de la documentación médica con mayor profundidad. Estamos consternados por la forma de resolver. Indica que nos debemos de abstener a cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional, [la Corte Interamericana] está dejando de lado la autonomía del Tribunal» peruano, añadió.
«Más tranquilos» –
Abogados y familiares de las víctimas de las matanzas recibieron con alivio la decisión de la Corte.
«Nos sentimos más tranquilos y respaldados. El sistema interamericano marca en realidad las líneas consecuentes en materia de derechos humanos y hay una obligación de Estado peruano de cumplirla», dijo a la AFP Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de una matanza por las que fue condenado Fujimori.
Por su parte, el abogado Carlos Rivera, defensor de familiares de las víctimas, indicó a la AFP que era «previsible la decisión», pues «la Corte Interamericana no iba a cambiar la jurisprudencia que ya tiene».
«Tomamos la decisión con satisfacción, porque la Corte ha restablecido lo que la justicia ordinaria peruana determinó el año 2018» al anular el indulto a Fujimori, añadió Rivera.
Fujimori fue condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 víctimas (incluido un niño), perpetradas por un escuadrón de la muerte integrado por militares durante su gobierno.
Estas masacres fueron señaladas como crímenes de lesa humanidad por perpetrarse mediante homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, según sentencias de la Corte Interamericana de 2001 y 2006.
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