Santiago (AFP) – Chile publicó un esperado nuevo reglamento que regula la práctica de los abortos terapéuticos en hospitales privados, que no podrán negarse a realizarlos si tienen algún tipo de convenio con el Estado aunque los médicos que trabajan en ellos sí pueden rehusarse.
El reglamento indica que los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios con el Ministerio de Salud «no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología, que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón», según el texto del documento publicado el martes en el Diario Oficial.
Las instituciones privadas que no tengan convenios estatales y sean objetoras de conciencia deberán derivar a la paciente a otro centro médico que sí realice la interrupción del embarazo.
«El reglamento dispone que existe una obligación de asegurar a la mujer la prestación de interrupción voluntaria del embarazo», indicó este miércoles un comunicado del ministerio.
En el caso de los médicos, el reglamento manifiesta que podrán acudir a la objeción de conciencia «de forma previa y escrita», pero no podrán excusarse en el caso en que una mujer requiera atención inmediata e impostergable y no exista otro profesional que pueda asistirla.
Los centros médicos privados y los profesionales que quieran acogerse a la objeción, deberán presentar su solicitud ante las autoridades de salud antes del 7 de noviembre, fecha en la que entrará en vigencia el protocolo.
La publicación del reglamento se produce a más de un año desde que entró en vigencia la ley que permite el aborto terapéutico en caso de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad fetal, una medida promovida por la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018).
Tras la aprobación de la norma, el gobierno del conservador Sebastián Piñera presentó el reglamento que permitía a instituciones y médicos invocar la objeción de conciencia para negarse a participar en un aborto, aludiendo a creencias o reglas morales.
El documento provocó críticas desde la oposición y organizaciones pro legalización del aborto. La Contraloría revisó el reglamento y determinó que no se ajustaba a derecho y obligó al gobierno a ingresar un nuevo protocolo.
El partido Unión Democrática Independiente (UDI), el ala ultraconservadora del gobierno de Piñera, ya anunció que acudirá al Tribunal Constitucional para revertir el reglamento.
Desde septiembre de 2017 se han practicado en Chile 494 abortos legales, según datos oficiales.
