Santiago (AFP) – El hacinamiento en cárceles chilenas se redujo al 37,5% de los establecimientos en 2017, pero la situación carcelaria en el país sigue siendo precaria, según un informe difundido este lunes en Santiago por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La cifra evidencia una mejora respecto de los datos registrados en 2016, cuando el hacinamiento afectaba al 42,4% de la población carcelaria, de acuerdo con el «Estudio de las condiciones carcelarias en Chile», que evaluó 40 establecimientos penales de los 87 existentes en el país y detalla la convivencia de 5.417 reclusos.
Las cárceles evaluadas son administradas por el Estado y 22 de ellas tenían en 2017 una población penal de menos de 100 personas, dos entre 200 y 300, seis entre 300 y 400 y una con más de 700 reos.
En 2016, un 55% de los establecimientos penitenciarios del informe se encontraban por encima del nivel de capacidad; mientras que en el 2017 esta cifra también se redujo al 47,5%.
«Disminuir los niveles de ocupación de los recintos penitenciarios, ya sea por sobreocupación o hacinamiento. Se recomienda al Estado tomar medidas urgentes para abordar la sobrepoblación y hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, disponiendo los mecanismos necesarios para remediar cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas establecido», alerta el INDH en su reporte.
Las carencias también se comprobaron «en algunos establecimientos, al advertir casos de personas que duermen en el baño o en el piso». También «no siempre» se mantiene la separación entre imputados y condenados y los presos tienen un insuficiente acceso al agua y precariedad de servicios higiénicos.
De acuerdo al INDH, el hacinamiento penitenciario se constata cuando la población carcelaria supera en más del 20% a la capacidad de las camas disponibles.
Asimismo, el organismo señaló al acceso a las prestaciones de salud mental como uno de los aspectos más «invisibilizados y carentes» dentro del sistema, mientras que en 26 de los 40 establecimientos se encontró que los reclusos recibían algún nivel de mal trato como golpes y amenazas, que dejan al descubierto que existen «niveles de naturalización de acciones de violencia».
En esa línea, el Instituto llamó al Estado a «prevenir estas situaciones ya sea con medidas de salud, así como con acciones para evitar riñas al interior de las unidades penales».
