Catatumbo (Colombia) (AFP) – Cuando depuso los fusiles, Eiber Andrade pensó que jamás volvería a la ilegalidad, pero una vez más está en la sombra. El joven exguerrillero ahora deshoja a mano limpia los arbustos de coca en la región colombiana donde fracasaron la lucha antidrogas y se hundieron las promesas de paz del Estado.
Hace cinco años Andrade (24) abandonó las filas de las FARC. Tras el acuerdo de paz con la entonces guerrilla pensó que podría dedicarse a la agricultura en Catatumbo, en la frontera con Venezuela donde se concentra la mayor cantidad de narcocultivos del mundo (40.084 hectáreas en 2020, según la ONU).
Como muchos de los 13.000 excombatientes, se sintió engañado. El dinero que debía recibir como parte de los compromisos oficiales nunca llegó, reniega el hombre alto y de voz gruesa.
Guerrillero desde los 10 años, Andrade terminó metido entre los cultivos ilegales que relumbran bajo el intenso sol, para sobrevivir junto a su pareja de la misma edad y su pequeña de tres.
«Los presidentes que hemos tenido no nos han dado todavía ninguna ayuda», reclama ante la AFP mientras desnuda los arbustos cuyas hojas se convierten en la pasta base de la cocaína.
Varios desmovilizados ya volvieron a las armas con los grupos disidentes del acuerdo, que junto con el ELN, la última guerrilla reconocida del país, operan en esta zona donde la propaganda subversiva advierte de su dominio.
Otros, al menos 330 según conteos independientes, han sido asesinados en un desangramiento que el nuevo presidente, Gustavo Petro, promete detener mientras denuncia el fracaso del combate antidrogas que en cuatro décadas deja decenas de miles de muertos entre policías, militares, jueces, periodistas, campesinos y pistoleros asalariados.
El primer gobernante de izquierda no quiere más campesinos cocaleros encarcelados. En el país que más produce la cocaína que consumen en Estados Unidos y Europa, los recolectores son el eslabón más débil de la cadena.
«Que Petro nos ayude (…) para ver qué nosotros podemos cambiar porque si no nos ayuda con nada, pues seguimos nosotros con estas cosas, y esto es un delito muy grande», sostiene Andrade.
«No volver» –
Otros tres exguerrilleros trabajan a diario junto a él en una finca de seis hectáreas en el Catatumbo. Escasas plantaciones de café, cacao y plátano se mezclan entre la coca, pero ningún otro cultivo es tan rentable como el prohibido. Por cada kilogramo de pasta los guerrilleros pagan unos 400 dólares, y luego la revenden a los narcotraficantes.
Aunque el acuerdo de paz con las FARC pretendió acabar con el negocio de la droga, combustible de la violencia, el número de hectáreas sembradas en Colombia es similar (142.783) al de 2016 (146.139), según el último recuento de Naciones Unidas.
Petro planteó a los países usuarios, especialmente a Estados Unidos, centrarse en la prevención del consumo. En su primera visita a Catatumbo el viernes, se abrió al diálogo con los cocaleros para pactar su tránsito hacia una economía legal.
El mandatario, quien en su juventud militó en una guerrilla urbana que firmó la paz, promete una reforma rural para potenciar la producción de alimentos y beneficios económicos a quienes dejen la siembra ilícita.
Años atrás Carlos Abril (25), que desde los 13 años perteneció a las FARC, escuchó promesas similares. Hoy se esfuerza para «no volver» a las armas. «Entramos al proceso con esa alegría, con esa iniciativa de que íbamos a ver una Colombia nueva, en paz (…) pero pues el tema de la coca nos hace volver a nosotros (a la ilegalidad) por la necesidad», señala.
«Alivio» –
En una caseta de madera y con los cultivos de fondo, una docena de líderes campesinos y cocaleros se alinean frente al nuevo gobierno. Varios están amenazados y se mueven con escolta oficial.
Para Elizabeth Pabón, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), es el «momento perfecto» para renunciar a la coca.
«Vemos con gran expectativa las palabras del señor presidente Petro donde dice que no va a haber erradicación forzada ni fumigación (con químicos), sino que va a ser algo concertado con las comunidades (…) es de alivio», señala en nombre de 6.000 campesinos.
Una decena de banderas con las siglas del Ejército de Liberación Nacional sobre franjas de negro y rojo adornan el camino que lleva hasta los sembradíos junto a fotografías del comandante guerrillero Antonio García y la cúpula del ELN, que está a punto de reiniciar diálogos de paz con Petro.
El desarme de los rebeldes, coinciden los cocaleros, contribuiría a abandonar la producción de coca para dar paso a la venta de alimentos a «precios justos». «Estamos dispuestos a sustituir (…) con un gobierno que vemos que es mas fácil el diálogo», comentó Wilder Mora, dirigente de la coordinadora de cultivadores COCCAM.
Desde los años noventa los cocaleros se han movilizado para reclamar «inversión social». Si Petro no cumple «nos tocará seguir haciéndole marchas. (…) Lo poco que hemos tenido lo hemos logrado a través de las marchas», advierte Pabón.
