San Salvador (AFP) – Las aguas bajan más tranquilas en El Salvador después de que el presidente, Nayib Bukele, asegurara el martes que acatará las medidas cautelares impuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para respetar la separación de poderes tras la entrada el domingo del mandatario en el Congreso escoltado por el ejército.
«Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional (…) acataremos la orden emanada» de la máxima corte, dijo Presidencia y el Consejo de ministros en un comunicado.
El domingo, al ver frustrada una convocatoria de sesión extraordinaria invocando un artículo de la Constitución, Bukele dio un plazo de una semana a la Asamblea Legislativa de mayoría opositora para que apruebe un préstamo de 109 millones de dólares para equipar al ejército y policía.
Minutos antes de dar el ultimátum, el mandatario había ingresado a la sede del Congreso rodeado de policías antimotines y soldados del Ejército que portaban chalecos antibalas y fusiles de asalto.
La Corte Suprema de Justicia ordenó el lunes a Bukele que «se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema pluralista y de manera particular la separación de poderes».
Además, el máximo tribunal dejó sin efecto la convocatoria para una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa que había realizado el Consejo de Ministros.
El artículo 167 de la Constitución otorga al Consejo de Ministros la atribución de realizar esa convocatoria cuando «los intereses de la República lo demanden».
Según el comunicado de la Presidencia, el Poder Ejecutivo se ha mostrado «en todo momento, respetuoso del principio de separación de poderes».
Asimismo, estimó que las medidas cautelares de la Corte «podrían dificultar el efectivo trabajo» que realiza el gobierno por los intereses del pueblo, por lo que que exhortó a la Sala de lo Constitucional a tomar «en consideración los actuales intereses de la República en el tema de seguridad».
Este martes, el presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, pidió a la Fiscalía que persiga «con firmeza» los delitos cometidos el domingo, como uso de recursos públicos y la invasión militar de la Asamblea.
«Esperamos que estos hechos no se repitan, porque a este país le ha costado mucho llegar a la democracia», estimó por su parte Javier Castro, del directorio de la Fundación de Estudios Económicos y Sociales de El Salvador (Fusades).
La comisión de Hacienda de la Asamblea ha vuelto a discutir este martes el préstamo de 109 millones para seguridad, pero a falta de precisiones del Ejecutivo el estudio continuará el próximo lunes.
– «Herida mortal» –
Mientras el ambiente político retornaba a la normalidad, algunos analistas apuntaron que el país corrió el peligro de romper el orden constitucional.
«Ha sido una herida mortal a la democracia en El Salvador, un golpe del que difícilmente el país va a poder recuperarse, y cuyos efectos los vamos a ver pronto», declaró a la AFP el analista Carlos Carcach.
Lo ocurrido el domingo mostró «el poco respeto» que tiene Bukele por el Estado de derecho, agregó.
En el epicentro de la crítica quedaron también los militares tras su despliegue en la sede legislativa.
«Ver instrumentalizada la institución armada ensuciando con sus botas el Salón Azul de la Asamblea es verdaderamente perturbador», reflexionó el analista y profesor universitario Roberto Cañas.
Esa acción «ha dejado a todos atónitos y estupefactos», añadió.
«Creo que el ministro de Defensa deberá dimitir después de ese modo de permitir la actuación de la fuerza armada», declaró por su parte el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), José María Tojeira, a la AFP.
Lo actuado por Bukele, según Tojeira, se basa en «el apoyo popular» que le marcan las encuestas, pero debe saber que un acto como el ocurrido el domingo «le resta popularidad, poder y prestigio internacional».
El conflicto tampoco es conveniente desde el plano económico, sostiene Cañas, apuntando que las calificadoras de riesgo «se ponen atentas» y pueden rebajar el nivel de confianza para las inversiones, en un país que necesita generar empleo y ayudar al 30% de los 6,7 millones de habitantes que viven en pobreza.
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