Brasilia (AFP) – El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro anunció el jueves la ampliación de un programa de distribución de renta emblemático de la izquierda y un proyecto de autonomía del Banco Central, reclamado por sus sectores más liberales.
El programa Bolsa Familia -una asignación para familias pobres que escolarizan a sus hijos o cumplen con normas de vacunación- prevé ahora el pago de un aguinaldo (13er mes).
Ese programa fue generalizado y se convirtió en bandera de las presidencias del líder de la izquierda Luiz inácio Lula da Silva (2003-2010), actualmente encarcelado por corrupción.
Sus principales beneficiarios residen en el noreste, la región más pobre del país y uno de los últimos bastiones electorales del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
Bolsa Familia beneficia a más de 14 millones de familias, con una mensualidad promedio de 186,94 reales (unos 50 dólares).
La implantación de un 13er salario tendrá un coste de 2.580 millones de reales (unos 680 millones de dólares), precisó el ministerio de Ciudades.
El programa Bolsa Familia no siempre fue del gusto de Bolsonaro.
En mayo de 2017, el entonces diputado declaró: «Si para ser candidato a presidente hay que decir que hay que ampliar Bolsa familia, entonces busquen otro candidato. No voy a hacer demagogia para agradar a nadie buscando votos».
Pero entre las dos vueltas electorales, cuando tuvo que deslindar la presidencia con Fernando Haddad, del PT, prometió pagar un 13er mes a los beneficiarios de ese programa y reiteró ese compromiso entre las medidas anunciadas para los primeros cien días de gobierno.
La iniciativa puede parecer contradictoria con el programa de recortes fiscales prometidos por Bolsonaro y su ultraliberal ministro de Economía, Paulo Guedes.
Pero entre los anuncios del jueves hay algunos que pueden compensar el desagrado.
Uno de ellos es la promesa de independencia del Banco Central de Brasil (BCB).
Esa disposición, que debe ser aprobada por el Congreso, prevé que el presidente del Banco Central tenga un mandato de 4 años (como actualmente), pero que éste deje de coincidir con el del presidente de la República para reforzar la protección frente a injerencias políticas.
«Es necesario consagrar por ley una situación ya existente, en la cual la autoridad monetaria goza de autonomía operativa y técnica para cumplir con las metas de inflación (…)», explica el documento.
La principal promesa económica de Bolsonaro -la reforma del régimen de jubilaciones- encuentra resistencias en el Congreso y en la población.
Los primeros cien días de Bolsonaro estuvieron marcados por disputas entre los grupos que componen su entorno (economistas liberales, sectores ultraconservadores, militares) y denuncias de posibles irregularidades contra miembros de su familia.
Esas sacudidas afectaron su popularidad. Según una encuesta Datafolha de la semana pasada, un 30% de los brasileños considera que su gobierno es «malo o pésimo», mientras que un 32% lo considera «bueno o excelente» y un 33% «regular». Se trata de la peor evaluación en los tres primeros meses de un primer mandato desde la redemocratización de Brasil en 1985.
