Washington (AFP) – Las oenegés y abogados piden más fondos y los congresistas demócratas defienden una reforma en profundidad del sistema judicial migratorio estadounidense, incapaz de despachar la cantidad récord de casos para acortar la espera de los migrantes.
Según el Centro de Información y Acceso de Registros Transnacionales (TRAC, por sus siglas en inglés), los atrasos en el sistema de tribunales de inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, son legendarios, con montañas de casos pendientes en los despachos de los jueces (casi 1.600.000 a finales de diciembre, cifra récord histórica).
Esto se debe en parte a la pandemia de covid-19, debido al cierre parcial de los tribunales, pero sobre todo a «la reciente avalancha de nuevos casos presentados» por el Departamento de Seguridad Interior (DHS), que les deriva las solicitudes de asilo, señala TRAC, de la Universidad de Siracusa de Nueva York.
Los demócratas, que no cejan en su empeño por reformar el sistema migratorio pese a la oposición de los republicanos, abogan por un enfoque holístico que abarque el problema globalmente: desligarlo del Departamento de Justicia para que sea independiente.
A finales de la semana pasada, la congresista demócrata Zoe Lofgren, presidenta del subcomité de inmigración y ciudadanía de la Cámara de Representantes, presentó un proyecto de ley que transforma el sistema en un poder judicial independiente.
Según sus promotores, el proyecto de ley garantiza que los tribunales de inmigración sean administrados por jueces imparciales, que cuenten con recursos judiciales y servicios de apoyo, transparencia e independencia económica.
El sistema judicial de inmigración actual «carece de garantías procesales y estructurales para protegerlo de la influencia política» porque los jueces no son funcionarios judiciales, sino que los nombra el fiscal general y, como empleados del Departamento de Justicia, «deben ajustarse a las políticas y prioridades de la administración gobernante», señalan.
«Nuestro sistema judicial de inmigración nunca será efectivo mientras esté bajo el control del Departamento de Justicia. Después de décadas de latigazos políticos, como resultado de las políticas y prioridades en constante cambio de las administraciones gobernantes, está claro que el sistema es ineficaz, inflexible y, con demasiada frecuencia, injusto», estimó en un comunicado Zoe Lofgren.
«Nuestro retraso migratorio actual se acerca a 1,6 millones de casos y carece de garantías procesales y estructurales» pero su independencia «garantizará la imparcialidad y la transparencia cuando se trate de estas decisiones de vida o muerte y permitirá que estos jueces administren justicia de manera eficiente», afirma en la nota otro congresista demócrata, Hank Johnson.
No está claro que los republicanos, preocupados por lo que califican de «caos en la frontera sur» (en referencia a la llegada de migrantes a través de México), vayan a apoyar el proyecto de ley.
50 millones –
Una coalición de 149 grupos encabezada por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) y el Consejo Estadounidense de Inmigración, a los que se unieron la coalición de organizaciones de migrantes Alianza Américas y Presente.org (plataforma digital de Latinx), estiman que la situación mejoraría con un aumento de fondos.
En una carta enviada recientemente al presidente estadounidense Joe Biden y al Congreso, piden al menos 50 millones de dólares como primer paso para garantizar un abogado a quienes se enfrentan a la deportación.
Como la deportación es un proceso civil y no penal no se garantiza el acceso a la defensa legal, explica Alianza Américas.
Aunque financiar estos programas de representación legal universal requiere 200 millones de dólares para 2022, los 50 millones serían una inversión «significativa», dicen.
«Las personas en la corte de inmigración que reciben asesoría legal tienen cinco veces más probabilidades de ganar los casos (…), pero el 77% de los que enfrentaron la deportación en 2019 no la tenían», afirmó Nancy Treviño, codirectora de Alianza Américas en un comunicado.
Más del 96% de las personas representadas por un abogado comparecen en las vistas judiciales porque el letrado puede «ayudarles a navegar en un sistema complejo (…) en un idioma que a menudo no es el suyo» y están mejor asesoradas, lo cual «reduce el tiempo que los jueces dedican a cada caso y contribuye a un procesamiento judicial más eficiente», afirma la carta.
Con todo, no sería la panacea, advierten, ante un problema complejo.
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