Tijuana (México) (AFP) – Menos de una semana después de que un fotógrafo fuera asesinado en Tijuana (noroeste), la noche del domingo fue ultimada a balazos en esa misma ciudad mexicana la reportera Lourdes Maldonado, quien había denunciado amenazas ante el presidente.
Maldonado, que dirigía un programa de noticias por internet, fue «atacada con un arma de fuego, mientras se encontraba en un vehículo», reportó en un comunicado la fiscalía del estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos.
La comunicadora trabajó como corresponsal en Tijuana desde los años 1990 para un medio mexicano y colaboró con el Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad del exgobernador de Baja California Jaime Bonilla (2019-2021), militante del partido oficialista Morena.
Sin embargo, Maldonado tenía un litigio laboral con PSN, el cual, aseguró días atrás, había ganado y por el que un juez había ordenado ya el embargo de instalaciones de ese medio para garantizar una indemnización económica, dijo a la AFP Sonia de Anda, del colectivo Yo si soy periodista, de Baja California.
Maldonado acudió en 2019 a una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle ayuda en el juicio laboral contra Bonilla.
«Vengo aquí a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque temo por mi vida», dijo en aquella ocasión.
El presidente la había remitido a su «coordinador de comunicación social» (portavoz).
«Para que te atienda, te apoye para que se pida justicia, y que no haya influyentismo (amiguismo)», dijo el mandatario en ese momento.
De Anda explicó que Maldonado pidió hace un año ayuda del mecanismo estatal de protección a periodistas pues se sentía «vulnerable» en medio del litigio laboral.
«Se le asignó vigilancia de la policía municipal para cuando llegara o saliera de su casa, pero esa protección al parecer fue retirada», explicó.
Comunicadores de Tijuana se manifiestan este lunes para exigir se aclare qué ocurrió con la protección policial.
No descartar móvil político –
López Obrador expresó este lunes el pésame a los familiares de Maldonado y dijo que «duele mucho lo que pasó».
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Aseguró que tras su presencia en aquella conferencia matutina, el gobierno mantuvo comunicación con Maldonado. «Se le ayudó y se le garantizó que su demanda fuese atendida».
Sostuvo que deben investigarse el móvil y las circunstancias del crimen. «No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio», dijo López Obrador.
No obstante, consideró que tampoco debe descartarse «lo político porque siempre hay confrontación, hay diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios».
Impunidad –
La delegada de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México, Balbina Flores, denunció el crimen y señaló a la AFP que hechos como estos «envían el mensaje de que se mata a los periodistas y no pasa nada porque no hay quién los detenga (a los agresores)».
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) se declaró en Twitter «conmocionado» por el asesinato de Maldonado y pidió «a las autoridades que investiguen el ataque de manera exhaustiva y transparente».
El lunes pasado había sido asesinado a balazos en Tijuana el fotoperiodista Margarito Martínez, colaborador del semanario Zeta y de medios extranjeros.
El pasado 10 de enero, en la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz, el comunicador José Luis Gamboa recibió varias puñaladas en la calle y fue trasladado al hospital, donde falleció cuatro días después.
El comunicador ya no trabajaba en medios pero hacía análisis en redes sociales en los que denunciaba la complicidad de los políticos con el crimen organizado.
En 2021, según un recuento de la AFP, al menos siete periodistas fueron asesinados en México, aunque no ha quedado demostrado en todos los casos que sus muertes fueran consecuencia de su trabajo.
México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de un centenar de comunicadores asesinados desde 2000, según cifras de la Comisión de Derechos Humanos (defensoría).
Más del 90% de los homicidios de comunicadores en el país permanecen impunes, denuncian organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
