México (AFP) – Santiago Barroso se convirtió en el tercer periodista asesinado en México en lo que va del año tras ser baleado en su casa de Sonora, un estado fronterizo con Estados Unidos con fuerte presencia del narcotráfico, alargando así a la lista de homicidios impunes de reporteros.
«Lamento el cobarde atentado donde perdió la vida el periodista Santiago Barroso«, escribió este sábado en Twitter Santos González, alcalde de San Luis Río Colorado, el municipio de Sonora donde residía Barroso.
El viernes en la noche, el reportero de 47 años «fue víctima de un ataque a balazos en su propio domicilio y luego de que fue trasladado para su atención hospitalaria por los servicios de urgencias, falleció», explicó Contraseña, semanario en línea para el que colaboraba Barroso.
Según este medio, dos sujetos que llegaron a bordo de un vehículo al domicilio del reportero «tocaron a la puerta y cuando Santiago abrió le dispararon a quemarropa, logrando impactarlo hasta en tres ocasiones, dos en el estómago y uno más arriba de la tetilla izquierda».
Según medios locales, Barroso, profesor universitario, director del portal de noticias Red 653 y locutor del programa San Luis Hoy en la emisora 91.1 FM Río Digital, investigaba la presencia del narcotráfico en San Luis Río Colorado.
Hasta ahora se desconoce si Barroso había presentado denuncias por amenazas, pero su municipio está en una violenta zona de Sonora donde los cárteles se disputan las rutas para traficar drogas y personas hacia el vecino Estados Unidos.
Las autoridades municipales, estatales y federales ya se encuentran realizando una investigación, aseguró el alcalde Santos.
México es considerado uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. La mayoría de los asesinatos en este país continúan impunes y muchos tienen que ver con reporteros que investigaban al narcotráfico y sus nexos con autoridades corruptas.
– «Impotencia y consternación» –
La Red Sonora de Periodistas, un colectivo de reporteros locales, aseguró que Barroso era «reconocido y respetado en San Luis Río Colorado y la región», y expresó que «hay gran pesar, dolor, impotencia, consternación entre el gremio periodístico».
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato y su representante, Jan Jarab, dijo que solo con la resolución efectiva de este tipo de casos «se podrá enviar un mensaje claro de respaldo a quienes ejercen el periodismo».
De su lado, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París, exigió una «investigación exhaustiva del asesinato» de Barroso.
Balbina Flores, representante en México de RSF, dijo a la AFP que «no se debe descartar su trabajo periodístico» como móvil del crimen.
Este caso se suma a la lista negra de más de 100 comunicadores asesinados en México desde 2000, según RSF.
En febrero murió Jesús Ramos Rodríguez, locutor de un programa de noticias en la radio de Tabasco (este), y un mes antes el periodista Rafael Murúa, director de una radio comunitaria en el estado de Baja California Sur (noroeste), fue asesinado tras recibir amenazas.
En lo que va de 2019, «el ritmo de asesinatos de reporteros es de uno por mes, lo cual es grave, un mal precedente. No solo para el inicio de un año sino para el inicio de una administración como es la del presidente Andrés Manuel López Obrador», dijo Flores.
«No hemos visto que se detenga esta situación de violencia contra la prensa, al contrario, ha habido un repunte (…) Nos preocupa enormemente y esperamos que esto cambie, que el gobierno tome cartas en el asunto».
Balbina pidió al gobierno que «establezca una política de combate a la impunidad de los ataques contra periodistas».
RSF acudió el martes ante la Corte Penal Internacional para informar sobre los asesinatos en México de 102 periodistas y la desaparición forzada de otros 14 entre 2012 y 2018, catalogándolos como «crímenes contra la humanidad», ya que se cometieron «en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, en este caso los periodistas».
Denunció además que en estos casos hubo una «evidente complicidad de las autoridades», quienes habrían estado involucrados al ordenar las agresiones u obstaculizar las investigaciones.
