México (AFP) – A Alexander Martínez lo mataron presuntamente por usar tapabocas y ser «confundido» con un delincuente en el estado mexicano de Oaxaca (sur). Giovanni López fue asesinado en Jalisco (oeste) porque no llevaba una mascarilla para protegerse del nuevo coronavirus, según sus familiares.
Ambos casos, denunciados recientemente con pocos días de diferencia, dan cuenta del abuso policial en México, donde la pandemia ha dado otro motivo a los excesos, que van desde maltratos hasta presuntas ejecuciones.
La actuación policial en estos dos hechos revela también la escasa preparación y deficientes condiciones laborales de los agentes.
Según familiares, Alexander y tres amigos salieron el 9 de junio a comprar bebidas cuando fueron sorprendidos por policías del municipio oaxaqueño Acatlán. El joven mexicano estadounidense murió presuntamente cuando un oficial les disparó, hiriendo además a uno de sus acompañantes. El sábado por la noche un juez dictó prisión preventiva para el uniformado.
«Si ya saben quiénes son los malos, ¿por qué se meten con los niños? ¿Por qué mataron a mi niño?», se pregunta con dolor la madre de Martínez, de 16 años, en un video viralizado en redes sociales.
Su muerte es el cuarto caso de brutalidad policial denunciado en México en un mes. Dos más sucedieron en Tijuana (noroeste) y otro en Xalapa (este), mientras buena parte del mundo repudiaba la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis.
En medio de esas protestas, el caso Giovanni López, de 30 años, salió a la luz en el estado de Jalisco.
López murió a principios de mayo después de haber sido detenido por policías en una localidad aledaña a la capital estatal, Guadalajara.
Sus familiares denunciaron que fue detenido por no usar mascarilla, pero las autoridades alegaron que fue por una «falta administrativa». Hasta el momento, tres policías han sido arrestados por este hecho.
Violencia «naturalizada»
«Estamos viendo, por una situación coyuntural, cómo es que estas detenciones y estos abusos en el uso de la fuerza policial se están dando. Pero esto es de toda la vida», dice a la AFP Alfredo Lecona, activista del colectivo Seguridad Sin Guerra.
Las violaciones de derechos humanos por agentes del orden han crecido en el contexto de la polémica ofensiva militar contra el crimen organizado que México mantiene desde 2006.
Más recientemente, entre el 1 y 5 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (estatal y autónoma CNDH) recibió 21 quejas de detenciones arbitrarias efectuadas por instituciones de seguridad y justicia.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señala que estos arrestos «son una práctica cotidiana y casi naturalizada» en el país.
Entre 2001 y 2017 se acumularon 13.262 quejas por detenciones arbitrarias, dos diarias en promedio, según estudios de la CNDH.
«En México, primero se detiene y luego se investiga y, en muchas ocasiones, se fabrica a los culpables», indica Reneaum.
La madre de Martínez denunció que a su hijo lo ejecutaron y luego le pusieron una pistola en la mano.
La subsecretaría de Derechos Humanos de México había manifestado en abril preocupación ante medidas autoritarias por parte de algunos gobiernos locales durante la emergencia sanitaria.
Hugo López-Gatell, responsable federal de la estrategia gubernamental contra la COVID-19, dijo en mayo que México no impondría toques de queda ni usaría la fuerza pública para hacer cumplir el confinamiento.
«Un toque de queda y una restricción a la libertad ambulatoria pone en dilema terrible a la gente: o morirse de coronavirus o de hambre», advierte Reneaum, para quien la medida suele indicar contextos de profunda desigualdad.
Condiciones laborales
La muerte de López fue repudiada por defensores de derechos humanos locales e internacionales, y celebridades como el director mexicano ganador del Óscar Guillermo del Toro. También provocó protestas en Ciudad de México y Guadalajara en las que hubo detenciones y agresiones entre manifestantes y policías.
Unas 28 personas fueron arrestadas en Guadalajara, donde un agente sufrió quemaduras, dos patrullas fueron incendiadas y la sede del gobierno estatal fue vandalizada.
En Ciudad de México, policías antimotines agredieron en una marcha a una menor, y tres días después, manifestantes destrozaron mobiliario urbano y saquearon algunos negocios.
Tanto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, como la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, alegaron que los policías desobedecieron instrucciones.
Sin justificar los excesos, parte del problema radica en la falta de políticas públicas apropiadas y un trato digno para los agentes del orden, afirma Reneaum.
En promedio, los policías mexicanos ganan entre 288 y 958 dólares mensuales, según informó el gobierno en diciembre.
«No existe una relación laboral adecuada que garantice condiciones dignas que frenen que las fuerzas policiales se corrompan. Ahí tenemos un enorme fallo como sociedad», concluye la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
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