Buenos Aires (AFP) – El Congreso argentino aprobó este miércoles por amplia mayoría una ley que obliga a la industria de alimentos a disponer de etiquetas en los envases que alerten al consumidor sobre excesos de azúcares, grasas y sodio.
La ley de Promoción de la Alimentación Saludable ya contaba con la aprobación del Senado y fue sancionada en Diputados por 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones en un debate que se inició el martes y se prolongó hasta la madrugada.
La industria alimenticia tendrá 180 días para adecuarse a la nueva ley que obliga a disponer de octógonos negros, de no menos del 5% de la superficie del envase, en los que se indiquen el contenido de estos elementos que tienen los alimentos.
La norma conocida como «de etiquetado frontal», es un viejo reclamo de asociaciones de consumidores y sectores industriales se enfrentaron a su aprobación al considerarla «estigmatizante».
Según el caso, las etiquetas deberán contener la leyenda «Exceso en azúcares», «exceso en sodio», «exceso en grasas saturadas», «exceso en grasas totales» y «exceso en calorías».
También deberán alertar si contiene cafeína o edulcorantes, dos componentes no recomendados para consumo infantil.
«No estamos legislando, por más lobby que haya habido, sobre ninguna industria, no queremos prohibir la comercialización de ningún alimento. Solo queremos asegurarle al consumidor que le estamos dando información concisa de lo que consumimos», afirmó la diputada oficialista Cecilia Moreau, durante el debate.
Las etiquetas actuales de los alimentos «son engañosas y a veces ilegibles. Estamos rodeados de productos ultraprocesados con exceso en grasas, sal y azúcares», argumentó.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, celebró la aprobación de una ley que consideró «muy importante para la salud porque favorece el acceso a la información para la toma de decisiones en relación a enfermedades no transmisibles».
Según datos expuestos en el debate, el 66% de los 45 millones de habitantes de Argentina padece sobrepeso, el 32%, obesidad, y el 42% sufre de presión arterial alta.
«No es posible entonces ampararse en el derecho a vender un alimento en base a ocultar el contenido», dijo la diputada de la opositora Unión Cívica Radical, Brenda Austin.
La ley toma como parámetros los recomendados por la Organización Panamericana de la Salud en cuanto al consumo de azúcares, grasas y sodio.
La norma se asemeja a otras de su tipo ya vigentes en la región como las de Uruguay, Chile, Perú y México.
