Madrid (AFP) – La Audiencia Nacional española decidió archivar una denuncia contra el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, por su supuesta participación en el secuestro de un periodista cuando el político de izquierdas militaba en la desaparecida guerrilla del M-19, informó este miércoles el tribunal.
Con su decisión, los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -un tribunal en Madrid a cargo de asuntos complejos- aceptan el recurso de la Fiscalía contra la decisión de otro juez, que semanas antes había admitido a trámite una denuncia contra Petro por el secuestro del periodista Fernando González Pacheco en 1981.
En el auto, con fecha del 24 de junio pero dado a conocer este miércoles, la sala afirma que le «sorprende» la admisión de «una denuncia interpuesta por quien no es víctima de hecho alguno, respecto de hechos que habrían ocurrido en Colombia y que se atribuyen a personas que no son españoles y que no residen habitualmente en España».
Por ello, los magistrados consideran que no se cumplen los requisitos para activar la justicia universal, ya que la denuncia no procede ni de la Fiscalía, ni de ningún afectado.
«Independientemente de que pudiera entenderse que el hecho del secuestro era con fines terroristas (lo que ni siquiera se dice en la denuncia) y el ofendido fuera un español, no cabe sino inadmitir a trámite la denuncia», agregan.
La sala contradice así al juez Joaquín Gadea, también de la Audiencia Nacional, que había considerado que la justicia española podría tener jurisdicción en el caso del secuestro González Pacheco, ya fallecido, por tener nacionalidad española.
La denuncia fue introducida en marzo por François Roger Cavard, un abogado que en 2018 intentó sin éxito en Colombia anular la inscripción de la candidatura de Petro, alegando que no había sido amnistiado de delitos cometidos cuando perteneció al M-19, que depuso las armas en 1990.
En la Audiencia Nacional, Cavard acusó a Petro de crímenes de lesa humanidad, en tanto que «uno de los máximos responsables» de esa guerrilla urbana, que en sus años en activo habría cometido crímenes como «asesinatos selectivos», «ataques con explosivos», «masacres», «secuestros» y «torturas, tratos crueles y desapariciones».
Según la Fiscalía española, sin embargo, la denuncia no aportaba «información suficiente» ni sobre la nacionalidad efectiva de González Pacheco ni sobre las «circunstancias concretas» de los hechos sucedidos en 1981, además de no proceder de ninguno de los afectados directos.
