Madrid (AFP) – Un tribunal español anunció este miércoles que archivó la causa contra un ministro por la escala que hizo en enero en Madrid la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pese a estar sancionada por la Unión Europea, un caso que generó gran ruido político en España.
«El juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid ha dictado auto de sobreseimiento en la causa conocida de forma popular como ‘Delcygate'», señaló en un comunicado el tribunal.
El caso se remonta a la madrugada del 20 de enero, cuando la vicepresidenta venezolana hizo una escala en el aeropuerto de Madrid/Barajas, donde se reunió con el ministro de Transportes José Luis Ábalos.
Según el gobierno español de izquierda, Ábalos fue a Barajas para evitar que Delcy Rodríguez entrara en España y violara las sanciones de la UE que le impiden ingresar en su territorio. Horas más tarde, la vicepresidenta continuó su gira internacional.
Irritada porque fue la prensa la que reveló el encuentro y por las sucesivas y parciales versiones sobre lo ocurrido dadas por Ábalos, la oposición de derecha y extrema derecha acusó al ministro de haber permitido que Rodríguez entrara en territorio español y lo denunció ante la justicia por posible prevaricación.
«La zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional», determinó el juzgado de Madrid, por lo que archivó el caso, una decisión que puede ser recurrida.
Ábalos también fue denunciado ante el Tribunal Supremo, donde la fiscalía pidió a finales de octubre no admitir el caso, por considerar que no hay evidencias de prevaricación, según informó la prensa española.
El «Delcygate» provocó agrios debates en el Congreso español, donde fracasó una moción promovida por el Partido Popular (PP, derecha) para exigir la renuncia del ministro.
Este caso, junto al hecho de que el líder opositor venezolano Juan Guaidó no fuera recibido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando visitó Madrid a finales de enero, llevó a la oposición conservadora a denunciar un viraje frente a Venezuela, achacándolo a la entrada al gobierno del partido de izquierda radical Podemos, que tuvo relaciones en el pasado con el chavismo.
El gobierno español asegura que sigue reconociendo a Guaidó como presidente interino venezolano, al igual que medio centenar de países, pero asegura que evita «polémicas estériles» con Caracas y prefiere contribuir «de manera discreta» a que pueden celebrarse elecciones libres en Venezuela, donde operan empresas españolas y donde residen unos 150.000 españoles.
