Greensboro (Estados Unidos) (AFP) – El empresario salvadoreño Oscar Canales ha pasado los últimos tres meses confinado en el sótano de una iglesia en la ciudad estadounidense de Greensboro, en Carolina del Norte, sabiendo que en el momento en el que ponga un pie fuera, puede ser capturado y deportado a su país natal.
La expulsión significaría la separación de su mujer y de sus tres hijos, al igual que la pérdida de la floreciente empresa de tejados que fundó y en la que hoy trabajan seis ciudadanos estadounidenses.
Canales llegó ilegalmente a Estados Unidos en 2005, donde rehízo su vida, pero en 2012 empezó a tener problemas con la justicia cuando fue arrestado por un pequeño accidente de tráfico y las autoridades vieron que no tenía papeles de identidad.
Al no tener antecedentes judiciales, le acordaron una sentencia suspendida y un permiso de trabajo que iba renovando cada año, hasta que en 2017 pasó a estar a merced de los servicios federales de inmigración (ICE) que se encargan de aplicar la política de expulsión de los inmigrantes ilegales según las disposiciones del presidente Donald Trump.
En los últimos meses varias asociaciones cristianas progresistas se han reagrupado para proteger a los sin papeles más vulnerables, utilizando los lugares de culto como «santuarios» inviolables.
La iglesia unificada de Cristo de Greensboro acoge desde mediados de enero al salvadoreño, que en diciembre recibió la orden de abandonar el territorio.
Oscar teme además regresar a un país gangrenado por la violencia de pandillas como la MS-13, que «pueden secuestrar a un niño, pedir un rescate. Y si no se les paga en el momento, matarlo», según explica este treintañero a la AFP.
Actualmente unos cuarenta migrantes indocumentados viven en iglesias como Oscar, frente a los cinco que había antes del triunfo de Donald Trump en las elecciones de noviembre 2016, según Noel Andersen, de la ONG cristiana Church World Service.
«En la era Obama, la decisión (de expulsar) se dejaba a juicio de la fiscalía» y las personas sin papeles que solo eran culpables de delitos menores y tenían vínculos familiares en Estados Unidos no tenían de qué preocuparse, comenta.
«Cuando Trump llegó, hizo caso omiso de las prioridades y todos los sin papeles se convirtieron en la prioridad», explica Andersen.
– Anclado en la fe –
Desde la llegada al poder de Donald Trump, el ICE ha detenido a 109.000 migrantes ilegales con antecedentes y a 46.000 personas sin pasado judicial, categoría que se ha incrementado un 171% con respecto a 2016. Se estima que hay unos 11 millones de sin papeles en Estados Unidos.
El objetivo de este «movimiento de santuarios» es impedir la separación de las familias, impugnar ante la justicia las expulsiones y combatir la ola anti-inmigración que está aumentando en el electorado conservador y religioso, sobre todo en el sur del país.
La reverenda Julie Peeples, pastora de Greensboro, cita la Biblia para justificar su acción.
«Jesús dice ‘amarás al prójimo como a ti mismo’, para mi es el primer mandamiento», explica esta mujer de voz dulce que oficia desde 1991.
«Estamos convencidos de que Jesús no llamaría a nadie extranjero, todos somos seres humanos y hermanos de Dios», señala. «Creo personalmente que Dios traspasa todas las fronteras y que no tiene ningún interés ni respeto por las que fabricamos nosotros», sentencia.
Oscar Canales es el segundo beneficiario del «santuario» de Greensboro, tras la mexicana Minerva Cisneros Garcia, de 42 años, que llegó ilegalmente al país y que pasó cinco meses en la iglesia, entre junio y octubre de 2017, hasta que un juez anuló su decreto de expulsión.
Desde entonces libre de movimientos, Minerva tiene que llevar sin embargo una pulsera electrónica, una forma para el ICE de «demostrar su poder», según ella.
Doug Long, pastor en Raleigh, la capital de Carolina del Norte, dice que su iglesia esta preparada para hacer frente a eventuales consecuencias legales, y entiende que la decisión de las autoridades de no entrar en esos «santuarios» se basa en unos principios de carácter no vinculante.
El estatus jurídico de estas iglesias «es una zona gris», admite.
«Pero estoy convencido de que lo que hacemos está bien, que es justo y que es más importante para mi que todo lo que pueda sucederme en el plano jurídico», afirma el pastor Long.
