Buenos Aires (AFP) – Dos de las residencias de la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner fueron allanadas este jueves, en un caso judicial que investiga supuestos sobornos millonarios para adjudicación de contratos de la obra pública, que sacude a la política y el empresariado de Argentina.
Por orden del juez Claudio Bonadio, comenzó al mediodía un enorme operativo en un departamento de Kirchner en el exclusivo barrio de Recoleta, en Buenos Aires, con varias camionetas policiales, personal de brigadas de explosivos, bomberos y perros entrenados.
Las pesquisas en el departamento de más de 200 metros cuadrados proseguían nueve horas más tarde. Los peritos revisan la estructura para compararla con los planos y contrastar con relatos de imputados que se han acogido a la figura de arrepentido y colaboran con la justicia.
En la calle, un grupo de partidarios que creció en tamaño a medida que pasaban las horas expresó su apoyo a la exmandataria con carteles y consignas.
Carlos Beraldi, abogado de Kirchner, denunció que se le impidió permanecer en el lugar durante el allanamiento. «Estamos frente a una farsa, en clara violación de los principios del estado de derecho. Vamos a pedir la nulidad del operativo. Yo abrí la puerta. Puse a disposición el domicilio para que sea revisado. Voy a denunciar penalmente al juez», dijo antes de retirarse visiblemente furioso.
En la tarde, otras brigadas ingresaron a la casa de Kirchner en Río Gallegos, una propiedad de dos pisos con amplio jardín que le sirve como lugar de descanso en la Patagonia, extremo sur de Argentina. La revisión allí terminó al anochecer.
Autorizados el miércoles por el Senado, los allanamientos se llevan a cabo sin la presencia del juez ni del fiscal Carlos Stornelli.
Kirchner posee una tercera casa en El Calafate, también Patagonia, pero su registro se realizará posiblemente este viernes.
Esta medida fue requerida por Bonadio y necesitaba la aprobación del Congreso dado que la exmandataria (2007-2015), elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios, por los cuales no puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar.
Tras la sesión parlamentaria en la que ella misma estuvo presente, Kirchner se retiró a la casa de su hija Florencia, donde pasó la noche. El jueves por la tarde se dirigió al Instituto Patria, sede de su formación política, sin hacer ninguna declaración pública.
La senadora, de la corriente de centro-izquierda peronista y quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como «los cuadernos de la corrupción», que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.
Según los cálculos iniciales, la trama de sobornos podría alcanzar a los 160 millones de dólares.
– Inspección en el convento –
Paralelamente, la policía realizó este jueves una inspección ocular en un convento de monjas a las afueras de Buenos Aires, donde en 2016 el exviceministro de Obras Públicas José López fue capturado in fraganti cuando intentaba ocultar bolsos con nueve millones de dólares en efectivo.
López, detenido desde entonces y en pleno juicio oral por aquel episodio, ha comenzado a colaborar en la causa de los «cuadernos de la corrupción«.
El proceso judicial se inició hace menos de un mes sobre la base de apuntes tomados por un exchofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante diez años (2005-2015) recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.
El departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega de los bolsos.
A los apuntes del chofer se agregaron las confesiones de varios empresarios que decidieron colaborar con la justicia y evitar así quedar detenidos, y más recientemente dos exfuncionarios de la gestión kirchnerista.
– Desapego –
En el discurso ante el Senado, Kirchner reiteró que el proceso en su contra tiene como motivación apartarla de la política.
«Si algo faltaba para consagrar la persecución política en Argentina era esta causa. Voy a ser la primera senadora allanada», aseveró.
Germán Garavano, ministro de Justicia del gobierno del presidente Mauricio Macri, dijo este jueves que ve en la expresidenta «un profundo desapego a lo institucional y un profundo rechazo a la justicia«.
De su lado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que Macri «tomó la decisión desde el primer día de que haya total independencia del poder judicial, de la prensa y de aquellos actores que puedan proveer información«.
