París (AFP) – El tribunal de Apelación de París ordenó este miércoles que las compañías Air France y Airbus sean enjuiciadas por «homicidio involuntario» debido a su responsabilidad indirecta en el accidente del vuelo Río-París en el que murieron 228 personas en 2009.
Esta decisión, que reclamaban la fiscalía general y los familiares de las víctimas, invalida el sobreseimiento pronunciado en 2019 a favor de la aerolínea franco-holandesa y el fabricante de aviones europeo al cierre de las investigaciones.
Los abogados de Airbus anunciaron inmediatamente que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo y denunciaron una «decisión injustificada».
«Air France niega haber cometido una falta penal» que haya causado este terrible accidente, declaró por su parte el abogado de la aerolínea, Francois Saint-Pierre.
En cambio, los familiares de las víctimas, recibieron la noticia con alegría. «Es una gran satisfacción tener la sensación de haber sido escuchados por fin por la justicia», dijo muy emocionada Danièle Lamy, presidenta de la asociación Entraide et Solidarité AF447.
«Hacía mucho tiempo que esperaba una nueva noticia, pero la que hemos recibido es una noticia ambigua, porque Air France y Airbus pueden aún apelar», reaccionó Nelson Faria Marinho, de 77 años, presidente de la Asociación de padres de víctimas brasileñas.
«Las víctimas no van a volver, pero sería una satisfacción si alguien fuera realmente sancionado», indicó este padre de una de las víctimas.
Una década de batalla judicial –
El 1 de junio de 2009, un Airbus A330 que cubría la ruta Río de Janeiro-París se estrelló en el Océano Atlántico. Todos los pasajeros y miembros de la tripulación — 228 personas de 34 nacionalidades diferentes — murieron en el accidente, el peor en la historia de la aerolínea francesa.
Los restos del aparato y las cajas negras fueron encontradas dos años después, a casi 4.000 metros de profundidad.
En 2019, después de una década de batallas entre expertos y la inculpación de la aerolínea y del fabricante europeo por «homicidio involuntario», la fiscalía de París solicitó un juicio únicamente contra Air France, al estimar que la aerolínea «cometió negligencia e imprudencia» en la formación de sus pilotos.
Pero los jueces de instrucción no siguieron su recomendación y pronunciaron un sobreseimiento general. Para ellos, el accidente se debió «a una combinación de elementos que nunca antes se habían producido y que, por lo tanto, ponían de manifiesto peligros nunca antes percibidos».
Las investigaciones «no condujeron a la caracterización de un fallo culpable por parte de Airbus o Air France en relación con (…) los errores de pilotaje (…) en el origen del accidente», estimaron.
Indignados, los familiares de las víctimas y los sindicatos de pilotos apelaron, así como la fiscalía.
En apoyo de las partes civiles, la fiscalía general fue más allá de las exigencias de la fiscalía de París, de la que es superior, al solicitar que no sólo Air France sino también Airbus fueran a juicio.
Sin minimizar la «causa directa imputable a la tripulación», la fiscalía general considera que hay que buscar las causas indirectas del accidente en errores cometidos por las dos compañías: los responsables de Air France «no brindaron la formación e información necesaria a las tripulaciones», mientras que Airbus «subestimó la gravedad de los fallos de las sondas de velocidad Pitot» y no hizo lo suficiente para corregir este peligroso defecto.
En los meses previos al siniestro se habían registrado varios incidentes del mismo tipo.
Según los informes de peritos, la congelación en vuelo de las sondas de velocidad Pitot provocaron una perturbación en las mediciones de velocidad del Airbus A330, lo que desorientó a los pilotos hasta que perdieron el control del avión en menos de 4 minutos.
