Quito (AFP) – Los pobladores de la Amazonia ecuatoriana afectados por la contaminación ambiental de Chevron anunciaron el lunes que defenderán la millonaria condena de la justicia nacional contra la petrolera, que fuera anulada por una corte de La Haya.
«Vamos a defender a toda costa la sentencia judicial que legítimamente hemos ganado», expresó en rueda de prensa Pablo Fajardo, abogado de los demandantes que acusan a la firma estadounidense de derramar desechos tóxicos que contaminaron el suelo y fuentes de agua, afectando a unas 30.000 personas.
Agregó que «vamos a buscar más cortes en el mundo donde podamos intentar homologar nuestra sentencia y ejecutarla».
Un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya anuló unos días atrás la condena por 9.500 millones de dólares contra Chevron por daños ambientales en Ecuador, donde la transnacional no tiene activos.
Los demandantes han acudido ante la justicia de otros países donde la petrolera tiene bienes para intentar cobrar la indemnización, lo que hasta ahora ha sido infructuoso.
La condena en Ecuador «lo que hace es tutelar los derechos humanos y derechos ambientales, de la naturaleza, de 30.000» personas perjudicadas por los daños ambientales producidos en la Amazonia por Texaco.
Chevron asumió el pleito en 2001 al adquirir Texaco, que operó en el país entre 1964 y 1990 en consorcio con la estatal Petroecuador.
«Vamos a seguir litigando en las cortes extranjeras para hacer valer esta sentencia y poder cobrarla», sostuvo Fajardo.
Agregó que el laudo arbitral «es inaplicable. El Estado (ecuatoriano) como tal no puede recurrir ante las cortes extranjeras a tratar de impedir que podamos acceder a esas cortes y buscar que se ejecute nuestra sentencia».
El decisión del tribunal de La Haya también insta a Quito a impedir nuevas acciones para ejecutar la condena, ratificada por la Corte Constitucional ecuatoriana en julio, con lo que se cerró el caso en la nación.
Chevron sostiene que cumplió con la reparación ambiental que le correspondía y atribuye el daño a Petroecuador. Además sostiene que la sentencia en su contra fue obtenida mediante fraude y sobornos.
Pese a que el laudo frena las intenciones de los pobladores afectados de cobrar la millonaria condena, este reconoce su derecho a presentar nuevas demandas individuales.
