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Las autoridades aconsejan a las personas desplazadas de sus hogares por desastres naturales a estar alerta ante posibles fraudes a los consumidores.

Esta advertencia fue emitida recientemente por la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Angeles (LADA) y la Oficina del Fiscal General de California, en vista de los incendios que han afectado el sur de California. Sin embargo, también son válidas para cualquier otra eventualidad o desastre natural.

Uno de estos fraudes, destacan las autoridades locales y estatales, es el aumento de precios en los productos y servicios esenciales. Durante un estado de emergencia, el aumento de precios se considera un delito.  

“Estafadores y otras personas deshonestas, desafortunadamente, de aquellos afectados por los desastres”, señala la fiscal de Los Ángeles, Jackie Lacey en un video publicado por su oficina.

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Aunque algunos costos pueden aumentar naturalmente debido a la mayor demanda, destaca LADA, la ley estatal generalmente prohíbe cobrar más del 10 por ciento por encima del precio de un artículo antes de una declaración de emergencia.

Esta ley se aplica a los vendedores de alimentos, materiales de construcción, suministros de emergencia, suministros médicos, gasolina, transporte, alojamiento en hoteles, viviendas de alquiler y recursos similares.

“A medida que nuestros valientes bomberos están trabajando para contener las llamas y que muchos californianos están siendo evacuados, no debería ser temporada abierta para las víctimas inocentes”, dijo en un comunicado Xavier Becerra, fiscal general de California.

“La ley de aumento de precios de nuestro estado protege a las personas impactadas por una emergencia contra la intrusión ilegal de precios en la vivienda, el gas, los alimentos y otros suministros esenciales”, añadió Becerra.

El aumento de precios durante un estado de emergencia, destacan las autoridades,  puede ser castigado con hasta un año de cárcel y 10,000 dólares en multas. Los infractores también están sujetos a acciones de cumplimiento civil, que incluyen sanciones civiles de hasta 5,000 dólares por infracción, medidas cautelares y restitución obligatoria.

“Mi oficina está comprometida a procesar a aquellos que tratan de obtener ganancias rápidas a expensas de la tragedia de una persona”, señala Lacey.

La oficina del fiscal de distrito aconseja a los residentes del condado de Los Ángeles estar atentas a los cambios en el precio de los bienes y servicios y guardar los recibos, si sospecha que los precios de compra fueron inflados.

También recomiendan informar sobre alguna sospecha de aumento de precios a la División de Protección al Consumidor del Fiscal de Distrito por el (213) 257-2450.

Fraud Alert – Post-Disaster Fraud Awareness from LADAOffice on Vimeo.

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