Washington (DC).- Un gran jurado en el Distrito de Columbia ha emitido una acusación formal contra David Rivera, de 59 años y residente de Miami, por su involucración en un esquema de violación a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y lavado de dinero.
El acusado presuntamente intentó ocultar y fomentar sus actividades criminales relacionadas con el empresario venezolano sancionado Raúl Gorrín.
Desde junio de 2019 hasta aproximadamente abril de 2020, Rivera llevó a cabo un plan destinado a ofrecer servicios de consultoría y cabildeo en nombre de Gorrín, quien fue incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 8 de diciembre de 2019.
Durante este periodo, Rivera intentó influir en funcionarios del gobierno estadounidense, incluido un alto funcionario del Poder Ejecutivo, para que eliminaran a Gorrín de la mencionada lista.
Rivera recibió más de 5.5 millones de dólares por sus servicios y deliberadamente omitió registrarse bajo FARA, a pesar de que la ley lo exige. Para promover sus actividades ilícitas y mantenerlas ocultas, el acusado creó varias compañías fantasma utilizando nombres vinculados a una firma de abogados conocida y al mencionado funcionario del gobierno.
Estas entidades, sin embargo, no estaban afiliadas ni al bufete de abogados ni al funcionario del gobierno, y ambos desconocían que sus nombres estaban siendo utilizados en estas empresas fraudulentas.
Rivera usó los fondos obtenidos de Gorrín para compensar a individuos que colaboraron en sus esfuerzos por influenciar a altos funcionarios del gobierno. Parte de estos pagos se realizaron a través de una de las compañías fantasma creadas para este propósito.
El caso está siendo investigado por la oficina local del FBI en Miami. Los fiscales Sean O’Dowd y Monica Svetoslavov de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional están a cargo del proceso legal.
Es importante destacar que una acusación es simplemente eso, una acusación. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario más allá de toda duda razonable en un tribunal.
Este caso destaca la continua vigilancia de las autoridades estadounidenses en la aplicación de la Ley FARA, diseñada para garantizar transparencia en las actividades de cabildeo y consultoría en nombre de entidades extranjeras.
La Ley de Registro de Agentes Extranjeros fue promulgada en 1938 y ha sido un instrumento crucial para combatir la influencia extranjera encubierta en la política y la opinión pública de Estados Unidos. Los recientes esfuerzos de aplicación han aumentado, en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la intervención extranjera en asuntos internos estadounidenses.
Este caso también pone de relieve las complejidades del lavado de dinero y la creación de empresas fantasma como métodos para ocultar actividades ilícitas y manipular influencias dentro del gobierno.
