Managua (AFP) – El gobierno y la oposición de Nicaragua acordaron reanudar el diálogo para buscar una salida a la crisis, luego de que las autoridades accedieron a excarcelar a un grupo «apreciable» de presos por participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega el año pasado, anunciaron el miércoles las partes en un comunicado conjunto.
Este jueves «se reiniciará el trabajo de la mesa de negociación tal como fue aprobado en la Hoja de Ruta» y el «viernes se producirá la excarcelación de un núcleo apreciable de personas», indica la declaración distribuida por la presidencia.
Sin embargo, el acuerdo expuso una fisura en la alianza opositora, cuando universitarios que integran el bloque anunciaron su rechazo al entendimiento con el gobierno y su retiro de la mesa de diálogo.
«No nos sentamos a la mesa de negociación hasta que se den las condiciones que demandamos al gobierno», como la libertad de los presos y cese de la represión, dijo el dirigente estudiantil Max Jerez en rueda de prensa.
«No estamos diciendo que estamos fuera de la alianza, pero no vamos a ser partícipes de una negociación donde hay promesas. Queremos muestras contundentes», acotó la universitaria Valeska Valle.
El acuerdo fue alcanzado por la delegación del gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) tras sostener en los últimos días discretas reuniones, con la presencia del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.
Participó también el enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, quien llegó el lunes a Nicaragua a evaluar la participación del organismo como garante de las negociaciones.
En las citas, las partes «intercambiaron intensamente diversas posiciones y la Alianza Cívica manifestó su disposición de regresar a esa mesa con un compromiso efectivo» de que los manifestantes serán liberados, señala la nota conjunta.
La ACJD, que agrupa a estudiantes, empresarios y sociedad civil, se había retirado del diálogo tras exigir el domingo al gobierno «muestras contundentes» de querer resolver la crisis desatada por protestas que dejaron 325 muertos, más de 700 presos y miles de exiliados.
El gobierno ya había pasado a arresto domiciliario a 100 presos al inicio de las conversaciones el 27 de febrero, pero la oposición reclama la liberación de todos los detenidos en el contexto de las protestas.
El acuerdo parece poner fin al impasse en que habían caído la negociación, que busca resolver la grave crisis política y económica que vive desde hace casi 11 meses Nicaragua, uno de los países más pobres de América Latina.
– Impasse y expectativa –
El abogado Julio Montenegro, que defiende a varios manifestantes presos en representación de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) cree que el viernes podrían ser liberados todos los opositores que están presos sin cargos judiciales.
«Hay como 300 manifestantes presos a los que aún no les han presentado cargos», indicó Montenegro a la AFP.
Dijo que existen expectativas de que entre los presos a ser liberados figure Miguel Mora, director del clausurado canal 100 % Noticias, critico al gobierno, o su directora de prensa, Lucía Pineda, de nacionalidad nicaragüense y costarricense.
Las partes tienen pendiente consensuar la agenda para el diálogo, tras haber acordado el pasado 5 de marzo una hoja de ruta en la que convinieron concluir el proceso el 28 de este mes.
Ortega propone discutir una reforma al cuestionado sistema electoral con el acompañamiento de la OEA, de cara a los comicios del 2021, aunque descarta adelantar las elecciones, como pide la oposición.
Demanda, además, suspender las sanciones económicas internacionales que pesan contra su gobierno por las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas.
– Presión internacional –
La economía nicaragüense podría sufrir este año una contracción de hasta 11% debido a la caída de los depósitos bancarios y de la inversión extranjera, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
A eso se suman las limitaciones que encara el gobierno para acceder a créditos multilaterales tras la aprobación en diciembre de la denominada Nica Act por parte de Estados Unidos, y la caída de la millonaria cooperación venezolana.
En tanto, el Parlamento Europeo tiene previsto votar este jueves un proyecto de resolución que urge a la Unión Europea adoptar «un proceso escalonado de sanciones» contra el gobierno de Nicaragua hasta que se restablezcan «los derechos humanos y las libertades fundamentales», según el texto de la propuesta.
Los eurodiputados pretenden instar a Ortega a poner en marcha tres medidas: «la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, el cese inmediato de todas las formas de represión (…) y el retorno de las organizaciones internacionales al país».
