Ciudad de Guatemala (AFP) – Defensores de derechos humanos y familiares de víctimas marcharon el viernes en la capital de Guatemala para recordar a miles de mártires de la guerra civil (1960-1996) en contraposición al oficial Día Nacional del Ejército, al que acusan de graves crímenes durante el conflicto.
Los manifestantes iniciaron la denominada ‘Marcha de la Memoria’ desde un parque del centro histórico capitalino hacia el Palacio Nacional, ondeando banderas rojas y portando fotografías con rostros de personas que murieron y fueron desaparecidas durante el conflicto de 36 años.
«Estamos reivindicando el día nacional de nuestros héroes y mártires en homenaje a los miles de hombres y mujeres detenidos y desaparecidos por el ejército de Guatemala durante la guerra», dijo a periodistas Raúl Nájera, integrante del colectivo H.I.J.O.S.
De acuerdo con una comisión de la verdad auspiciada por la ONU, la guerra civil dejó 200.000 muertos y desaparecidos, y la mayoría de las atrocidades fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado.
La marcha se realizó en el día nacional destinado a conmemorar a las fuerzas castrenses, que desde hace 10 años no realizan su desfile en las calles de la capital, luego de una protesta violenta de activistas que chocaron con grupos antimotines.
Los militares marcharon en la ciudad occidental de Quetzaltenango con la presencia del presidente Jimmy Morales.
«Estamos por la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia», agregó Alejandra Castillo, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
La justicia guatemalteca ventila varios procesos penales contra oficiales retirados señalados de cometer masacres contra comunidades indígenas durante el conflicto armado.
El caso más relevante es el proceso por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt por la matanza de 1.771 indígenas mayas ixiles durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.
El anciano militar, quien sufre demencia y otros problemas médicos, fue condenado a 80 años de prisión en 2013 por genocidio pero el máximo ente de justicia, la Corte de Constitucionalidad, anuló el fallo por errores en el proceso y ordenó repetir el juicio.
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