Washington, 16 ene (EFE).- Cientos de miles de inmigrantes pueden ser víctimas en EE.UU. de los falsos abogados y representantes no autorizados que les prometen arreglar sus papeles, una estafa que sigue en aumento pese a que cada vez se dedican más recursos para combatirla, según funcionarios y expertos consultados por Efe.
«Cuando hablo de este tema con los fiscales, insisto en que cada denuncia puede ser representativa de un centenar de víctimas», dijo a Efe Anne Schaufele, quien dirige el proyecto para combatir las estafas de inmigración en la organización Ayuda.
Según los expertos, estas estafas cometidas por negocios y personas que representan casos ante los servicios y tribunales de inmigración sin autorización ni credenciales, o que se hacen pasar por agentes, notarios o abogados, son un fenómeno «infravalorado» y sus denuncias reflejan una situación mucho más grave.
Por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio (FTC) registró un aumento del 25 % en el número de quejas por servicios migratorios fraudulentos entre 2012 y 2105.
En algunas de las casi mil denuncias recibidas por la FTC en 2015, cada una de las estafas telefónicas o directas había afectado a centenares de inmigrantes.
«Confías por la falta de información, porque te recomiendan, porque ayudan con los impuestos», dijo a Efe Carlos García, que perdió su trabajo, la esperanza de seguir viviendo en Estados Unidos y el dinero pagado cuando descubrió, tras varios años de espera, que el servicio de impuestos que le asesoraba en su caso nunca presentó su expediente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Según algunos estudios, cerca del 10 % de las casi seis millones de peticiones que llegan cada año al USCIS se tramitan a través de servicios sin autorización ni acreditación para representar a inmigrantes.
En una operación reciente de la Alcaldía de Chicago se descubrió que casi la mitad de los negocios que se anunciaban como notarios, licenciados, expertos o asesores para representar a inmigrantes ante el gobierno federal no estaban capacitados ni autorizados para ello.
«Luchar contra las estafas de los servicios migratorios es una prioridad del USCIS», dijo a Efe Joanne Ferreira, portavoz de esta agencia que lidera las campañas de información pública del Gobierno y se coordina con los tribunales de inmigración y otras agencias federales para frenar esta conducta.
El Programa de Prevención del Fraude y el Abuso de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), encargada de supervisar los tribunales de inmigración dentro del Departamento de Justicia (DOJ), ha recibido e investigado 400 denuncias de estafa a inmigrantes desde 2012.
«La EOIR ha aumentado sus recursos para combatir el fraude y la mala conducta profesional», dijeron a Efe fuentes de esta oficina, que acaba de revisar su Programa de Reconocimiento y Acreditación por el que selecciona y autoriza a personas que no son abogados a representar a inmigrantes ante los tribunales y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los inmigrantes no solo están expuestos a los abusos de representantes no autorizados. La EOIR ha puesto en marcha procesos disciplinarios contra más de 1.500 abogados de inmigración desde 2000 por mala conducta profesional.
«La mayoría de los afectados, especialmente en causas legales, tienen reticencia a denunciar por lo que pueden hacerle las mismas personas que denuncian», dijo a Efe Shawn Fallah, encargado de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la delegación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Seattle.
Esta oficina, que se encarga principalmente de investigar casos de mala conducta de funcionarios de ICE, logró hace unos días el arresto de Alejandro Gurany, un texano acusado de estafar decenas de miles de dólares a inmigrantes de los estados de Washington y Ohio haciéndose pasar por funcionario de inmigración.
«Se aprovechó de víctimas vulnerables que tenían miedo de que las deportaran al convencerlas falsamente de que estaba en disposición de asistirlas», dijo Fallah sobre Gurany, que se enfrenta a una condena de varios años de cárcel.
La cooperación creciente entre las agencias federales como la FTC, el DHS y el DOJ y las autoridades estatales a través de grupos de trabajo y comités para luchar contra las estafas migratorias y la práctica no autorizada del derecho se ha saldado con recientes condenas de cárcel y cuantiosas multas a «notarios» e impostores.
«Sabemos que hay un problema pero no sabemos el alcance. Estamos intentando entender la situación porque este tipo de estafa suele ocurrir en la sombra», dijo a Efe Cynthia Coffman, Fiscal General de Colorado, donde se ha duplicado la población nacida fuera de Estados Unidos en los últimos años.
La Fiscalía de Colorado, un estado que no comprueba la situación migratoria para extender licencias de conducir, investiga casos de venta de citas (que son gratuitas) a inmigrantes para obtener estos permisos por cantidades de van de los 50 a los 1.000 dólares.
«Queremos que los afectados sepan que pueden confiar en nosotros, que son las víctimas y vamos a protegerlos», dijo Coffman.
«Tuve miedo a denunciar por mi futuro. Te sientes engañado, usado e impotente», aseguró Gustavo, una víctima que logró enmendar su situación gracias a una buena abogada de inmigración y ahora es ciudadano.
El negocio de impuestos que lo estafó sigue operando dos oficinas y ofreciendo servicios de inmigración no autorizados.
