Antananarivo (Madagascar).- Un simple documento está marcando una enorme diferencia al otro lado de la costa de África sudoriental. En la fértil isla de Madagascar, más del 85 % de la población depende de la agricultura para su subsistencia. Pero uno de los principales obstáculos a los que han tenido que hacer frente los agricultores durante decenios es la obtención de derechos legales sobre sus tierras.
Cuando cuentan con la certificación de las autoridades, estos derechos de propiedad sobre la tierra son cruciales para garantizar la seguridad jurídica de los agricultores frente a otros reclamantes. Son también decisivos a la hora de darles confianza para invertir en esas tierras y acceder a créditos concedidos por instituciones financieras que pueden requerir como garantía una propiedad.
Madagascar contaba con un sistema de registro de la propiedad obsoleto, constituido por hojas de papel frágiles y desvaídas, apiladas en lo alto de estantes elevados en oficinas llenas de polvo. Conseguir un título de propiedad legal suponía un procedimiento engorroso, lento y costoso que dejaba a millones de agricultores sin poder probar que la tierra que trabajaban les pertenecía. Este sistema dio lugar a menudo a conflictos de tierras recurrentes, a la falta de inversiones en terrenos agrícolas y a una baja productividad económica.
En 2016, el Centro de Inversiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) proporcionó asistencia técnica al Banco Mundial en el proyecto sobre crecimiento agrícola rural y gestión de tierras llevado a cabo en Madagascar, conocido de forma abreviada como CASEF.
Reconociendo que la reforma del sistema de registro de tierras ofrecía importantes beneficios para los pequeños agricultores, el proyecto, por valor de 105 millones de USD, incluía un componente dirigido a ayudar a Madagascar a crear un sistema de registro moderno utilizando la tecnología digital y a formalizar la titularidad de la propiedad de las tierras de un gran número de agricultores. El objetivo general de Madagascar es expedir 8 millones de certificados de aquí a 2030.
La FAO utilizó su experiencia en proyectos similares llevados a cabo en América Latina con el fin de elaborar una metodología apropiada para facilitar el reconocimiento de la titularidad de las tierras, incluido un procedimiento de registro de tierras sistemático, la elaboración de herramientas para gestionar la información y la capacitación del personal de las instituciones nacionales y de los encargados de los registros de la propiedad locales. Se contrató a cientos de personas capacitadas en agrimensura y se establecieron más de 400 oficinas catastrales municipales para facilitar la solicitud de certificados por parte de los agricultores.
Se siguen expidiendo documentos en papel a los agricultores, pero los certificados llevan ahora un código QR con el enlace a la versión digital, la cual se almacenará en un registro nacional una vez que el sistema se haya ejecutado plenamente. El proyecto también proporcionó ordenadores a las oficinas locales para dicho registro digital, así como paneles solares para reforzar la red eléctrica y la conectividad.
Tranquilidad
El nuevo sistema de tenencia ha incrementado el sentimiento de seguridad de los pequeños agricultores, ha reducido los conflictos entre vecinos, ha rebajado el costo de cada certificado de 600 USD a 32 USD y ha reducido el tiempo de tramitación de los expedientes de seis años a seis meses.
Hasta la fecha, el proyecto ha certificado 1,1 millones de parcelas, de lo que se han beneficiado 206 000 hogares, abarcando el equivalente al 10 % de los terrenos rurales de Madagascar. Para hacerse una idea de la magnitud, el Gobierno ha podido ahora distribuir tantos certificados de tenencia de la tierra en cuatro años y seis regiones como los que se expidieron en todo el país en los 17 años anteriores.
Rasolofo Andrianoarintsoa, agricultor radicado en Ambatotsipihana, una comunidad rural al sur de la capital Antananarivo, explica: “Durante muchos años, no tuve ningún documento legal que probara la titularidad de mis tierras. Así que, cuando oímos hablar de la operación de certificación de tierras, presentamos nuestra solicitud y ahora disfrutamos plenamente de nuestros derechos”, señala refiriéndose al nuevo sistema.
Rasolofo utilizó su certificado como garantía para comprar fertilizantes para sus cultivos y obtener crédito de instituciones de microfinanciación.
“Valoran muchísimo los certificados de tenencia de la tierra, porque los bueyes o los carros y las motocicletas pueden morir o averiarse, pero eso no ocurre con los certificados de tenencia”, indica, aclarando por qué las instituciones financieras están dispuestas a utilizar la tierra como garantía.
“Como consecuencia, nuestros ingresos han aumentado, porque pudimos ampliar nuestros campos y diversificar nuestros cultivos con maíz y soja. Nos sentimos más tranquilos porque la tierra nos pertenece”.
Razanamanana Philippine, viuda y cultivadora de frijoles, comparte estos sentimientos. Cuenta que el certificado de tenencia de tierras le ha proporcionado tranquilidad y le ha permitido duplicar la cantidad de terreno que puede cultivar.
“Ahora cuento con un certificado. Nadie puede cuestionar mi derecho a cultivar esta tierra”, señala.
En tan solo unos años, la digitalización y la descentralización de la administración de certificación mediante oficinas catastrales municipales han hecho que se quintupliquen los registros de parcelas de no más de 10 hectáreas por parte de los pequeños agricultores y todo apunta a que el éxito será aún mayor en el futuro.
Fabrice Edouard, especialista de la FAO en tenencia de la tierra, observa: “El éxito del proyecto ha sido tan evidente que actualmente la FAO está prestando asistencia técnica en un proyecto similar, esta vez en cooperación con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. La FAO ha asumido también la función de asesorar al Gobierno de Madagascar sobre futuras políticas de tenencia de la tierra”.
