Nashville (Tennessee).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal en el Distrito Medio de Tennessee, imputando a ocho ciudadanos venezolanos por su presunta participación en una red de tráfico sexual que operaba en moteles de Nashville desde julio de 2022 hasta marzo de 2024.
Los acusados enfrentan cargos por diversos delitos, incluido el tráfico de personas y la explotación sexual con fines comerciales.
Según documentos judiciales, los acusados dirigían una red de trata de personas que facilitaba la llegada de mujeres jóvenes a Estados Unidos, a quienes posteriormente obligaban a participar en actividades de explotación sexual:
- Yilibeth del Carmen Rivero-De Caldera, de 51 años;
- Kleiver Daniel Mota-Rivero, de 35;
- Yuribetzi Del Valle Gómez Machuca, de 39;
- Wilmarys Del Valle Manzano Solórzano, de 22;
- Frankyanna Del Valle Romero-Rivero, de 30;
- Endrik Alexander Morales-Rivero, de 25;
- Jesús Enrique Castillo Rodríguez, de 24; y
- Ariannys Beatriz Gutiérrez-Carrillo, de 24.
La acusación detalla que los acusados utilizaban sitios web de anuncios para coordinar encuentros sexuales y gestionaban la actividad comercial mediante llamadas y mensajes en sus teléfonos móviles.
Los compradores de estos servicios eran dirigidos a moteles específicos en Nashville, donde las víctimas eran explotadas sexualmente bajo el control de los acusados, quienes se aseguraban de cobrar todas las ganancias obtenidas de la actividad ilegal.
Tres de los acusados, Rivero-De Caldera, Mota-Rivero y Gómez Machuca, enfrentan además cargos por conspiración de tráfico sexual, al presuntamente emplear coerción, fraude y amenazas para someter a las víctimas y obligarlas a participar en estos actos.
Autoridades federales y estatales señalaron que esta operación forma parte de un esfuerzo mayor para desmantelar organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Tren de Aragua, una peligrosa pandilla de origen venezolano con presencia en varios países de América Latina y Estados Unidos.
El fiscal federal interino Robert E. McGuire subrayó el compromiso del Departamento de Justicia en la lucha contra la trata de personas y la persecución de redes criminales organizadas, afirmando que perseguirán a cualquier organización involucrada en el tráfico de mujeres y niñas, sin importar la magnitud de su operación.
“Estamos persiguiendo a organizaciones criminales transnacionales como TdA, pero este caso demuestra que también haremos lo que sea necesario para detener a quienes trafican con mujeres y niñas, sin importar quién esté detrás de su sufrimiento”, dijo McGuire.
Las investigaciones también revelaron que Rivero-De Caldera y su hijo, Mota-Rivero, implementaron un sistema de deuda coercitiva para someter a las víctimas. Este esquema consistía en obligarlas a pagar sumas exorbitantes que supuestamente debían por su transporte y estancia, manteniéndolas atrapadas en la red de explotación hasta que los acusados decidieran que la deuda estaba saldada.
Este tipo de prácticas son comunes en organizaciones de tráfico humano y están diseñadas para mantener el control sobre las víctimas, quienes muchas veces no ven una salida debido a amenazas de violencia o represalias contra sus familias en sus países de origen.
Además, la acusación formal señala que Mota-Rivero enfrenta un cargo adicional por posesión de arma de fuego como extranjero ilegal, lo que refuerza la vinculación de la red con actividades criminales más amplias.
De ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar severas penas de prisión. La conspiración para cometer tráfico sexual conlleva una pena máxima de cadena perpetua, mientras que los delitos de transporte interestatal con fines de prostitución y asistencia a empresas de crimen organizado tienen una pena máxima de cinco años de prisión.
Adicionalmente, Mota-Rivero podría enfrentar hasta 15 años de prisión por el cargo de posesión ilegal de un arma de fuego.
El Departamento de Justicia recordó que, aunque los acusados han sido formalmente imputados, se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia.
El caso fue investigado por una coalición de agencias federales, estatales y locales, incluyendo la Oficina de Investigaciones de Tennessee (TBI), el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración de Control de Drogas (DEA).
Estas entidades trabajan en conjunto dentro del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) para desmantelar redes criminales que representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
El FBI ha catalogado la trata de personas como uno de los crímenes más atroces y preocupantes de la actualidad. Las autoridades han instado a cualquier persona que tenga información sobre la trata de personas a denunciarlo llamando a la Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas al 1 (888) 373-7888, disponible las 24 horas del día.
