Washington (DC). – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 20 de enero de 2025 una orden ejecutiva destinada a implementar medidas severas para reforzar la seguridad fronteriza y combatir la inmigración de personas indocumentadas.
Esta acción representa un esfuerzo significativo para detener lo que la administración describe como «una invasión a gran escala» de inmigrantes ilegales en el país.
La orden ejecutiva, que contiene múltiples secciones detalladas, destaca un enfoque riguroso hacia la construcción de barreras físicas y el aumento del despliegue de personal a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos.
Según Trump, estas medidas son cruciales para proteger al pueblo estadounidense y preservar la integridad territorial y la soberanía del país.
Sección 1 y 2: Propósito y política general. La Sección 1 de la orden subraya la gravedad de la situación, mencionando que millones de inmigrantes ilegales, entre ellos potenciales terroristas y criminales, han ingresado a los Estados Unidos en los últimos cuatro años, llevando consigo drogas y otros materiales ilícitos. Esto, según la orden, ha socavado el estado de derecho y desviado recursos críticos necesarios para mantener la seguridad nacional.
La política general, delineada en la Sección 2, se centra en detener y expulsar a los inmigrantes ilegales, establecer barreras físicas, y fortalecer la cooperación con autoridades locales para cumplir con las prioridades federales de inmigración.
Secciones 3 y 4: Construcción de barreras y despliegue de personal. Estas secciones especifican las acciones a tomar para la construcción de barreras físicas, tanto temporales como permanentes, y el despliegue de personal adecuado para asegurar un control operativo completo de la frontera. El Secretario de Defensa y el Secretario de Seguridad Nacional son los encargados de implementar estas medidas.
Sección 5: Detención y fin de la política de captura y liberación. La Sección 5 pone fin a la política de captura y liberación, instruyendo al Secretario de Seguridad Nacional a detener, hasta su expulsión, a los extranjeros aprehendidos por violaciones de la ley de inmigración. Además, se emiten nuevas directrices para el uso coherente de la autoridad de detención legal.
Secciones 6 y 7: Protocolos de Protección de Migrantes y Ajuste de Políticas de Libertad Condicional. La orden reanuda los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) y ajusta las políticas de libertad condicional para alinearlas con las políticas federales, eliminando el uso de aplicaciones y programas que facilitan la entrada de inmigrantes inadmisibles.
Secciones adicionales: Cooperación Internacional y Procesamiento de Delitos. Las secciones restantes abordan la necesidad de facilitar la cooperación internacional y priorizar el procesamiento de delitos relacionados con la frontera, incluyendo el tráfico de personas y la trata sexual.
Conclusiones y disposiciones generales. Finalmente, la orden establece que no se interpretará como una afectación a la autoridad de ningún departamento ni creará ningún derecho exigible contra los Estados Unidos o sus agentes.
Esta orden ejecutiva marca una etapa decisiva en la política de inmigración del presidente Trump, reafirmando su postura dura y controvertida sobre el control de las fronteras y la inmigración ilegal.
El impacto de estas medidas será objeto de seguimiento y análisis en los próximos meses, mientras que las comunidades y grupos de derechos civiles ya están expresando su preocupación y preparando respuestas legales.
