Miami (Florida).– George Semerene Quintero, un empresario venezolano de 61 años, ha sido sentenciado a 30 meses de prisión en Estados Unidos por su participación en una conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y por intentar evadir las sanciones impuestas a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA).
Este caso pone de relieve los esfuerzos continuos de las autoridades estadounidenses para hacer cumplir las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, que han sido acusadas de socavar la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
El Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen de la Oficina Nacional del Departamento de Justicia, División de Seguridad, destacó la importancia de este juicio al afirmar que «el acusado está siendo responsabilizado por su papel en un plan descarado para canalizar ilegalmente piezas de aviones estadounidenses para dar servicio a aviones utilizados por Maduro y sus compinches».
Según Olsen, «el Departamento de Justicia está comprometido a hacer cumplir las sanciones impuestas y no tolerará a quienes violen la ley y socaven nuestra seguridad nacional».
Durante el periodo comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2021, Semerene y sus cómplices elaboraron un esquema para adquirir ilegalmente componentes críticos de aviones de compañías estadounidenses para abastecer la flota de PdVSA.
Los implicados intentaron ocultar las transacciones usando terceros en países como España y Costa Rica, creando una red de falsedad que incluía declaraciones engañosas en formularios aduaneros y documentos de envío, facturas de proveedores manipuladas y certificados de usuario final falsos.
El Subsecretario de Control de Exportaciones Matthew S. Axelrod del Departamento de Comercio, Oficina de Industria y Seguridad (BIS), señaló que «Semerene conspiró para adquirir ilegalmente piezas críticas… y trató de ocultar las transacciones a través de terceros». Con ironía, Axelrod agregó que «la única adquisición que hará será en la comisaría de la prisión».
El Fiscal Federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida expresó que el caso refleja «nuestro firme compromiso de responsabilizar a quienes violan las sanciones y de hacer cumplir enérgicamente los controles de exportación para proteger la seguridad de nuestra nación». Lapointe subrayó la colaboración entre la Oficina de Industria y Seguridad y otros entes encargados de hacer cumplir la ley para preservar la integridad y la intención de las sanciones de los Estados Unidos.
La acusación formal contra Semerene y nueve coacusados, incluidos tres individuos asociados con PdVSA, se hizo pública en abril, luego del arresto de Semerene a su llegada a Estados Unidos. Semerene se declaró culpable el 1 de agosto.
El caso fue investigado por el BIS y procesado por el fiscal federal adjunto Jonathan Stratton para el Distrito Sur de Florida (SDFL) y el abogado litigante Ahmed Almudallal de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones (CES) de la División de Seguridad Nacional.
La fiscal federal adjunta Maria Medetis, jefa de la Sección de Seguridad Nacional de SDFL y el subjefe de CES, Matthew McKenzie, también brindaron asistencia durante la investigación.
