Washington (DC).- En un operativo sin precedentes, diecinueve presuntos miembros de una red de tráfico de personas han sido acusados formalmente por su participación en el contrabando de docenas de migrantes hacia Estados Unidos desde México, utilizando principalmente motos acuáticas para cruzar el Océano Pacífico en peligrosas condiciones nocturnas.
La fiscal general adjunta Lisa Monaco ha destacado la determinación del Departamento de Justicia para «desmantelar las operaciones transnacionales que se aprovechan de los migrantes y amenazan nuestra seguridad nacional».
Esta operación multiagencial ha sido una demostración de fuerza en contra de las «organizaciones nefastas», en palabras de Monaco, que esperan enfrentar la justicia estadounidense por sus crímenes.
Durante la semana pasada, las autoridades arrestaron a nueve de los acusados en puertos de entrada y otros lugares de San Diego como parte de un esfuerzo coordinado que incluyó allanamientos en presuntos escondites tanto en San Diego como en Los Ángeles.
Estos allanamientos resultaron en la incautación de más de 100.000 dólares en efectivo y dos cajas de municiones, además de otros 120.000 dólares previamente asegurados durante la investigación.
Según documentos judiciales, la organización criminal había establecido una ruta de tráfico por tierra y mar que incluía puntos de llegada en zonas costeras de California como Sunset Cliffs, Bird Rock en La Jolla e Imperial Beach.
Los contrabandistas, favoreciendo las motos acuáticas por su rapidez y capacidad de acercarse sigilosamente a la costa, cobraban entre 7.000 y 16.000 dólares por persona, acumulando significativas sumas de dinero que eran posteriormente transportadas de vuelta a México.
Tara McGrath, fiscal federal para el Distrito Sur de California, enfatizó que «los casos de tráfico de personas son una prioridad máxima porque hay vidas en juego».
McGrath destacó la grave irresponsabilidad de los contrabandistas al exponer a los migrantes a extremo peligro, poniendo ganancias antes que vidas humanas.
En el marco de la operación, detuvieron a figuras clave como Edgar Jiménez Macías y Alex Ceja Guzmán, conocido como Alejandro o «Gordo», ambos de Tijuana y quienes enfrentan severas penas si son encontrados culpables, que podrían ir desde cinco años hasta un máximo de 15 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares.
También fueron detenidos Tobias Julian Burgara González, de 32 años, de Tijuana, México, y Junior Zavala Ramírez, de 34 años, también conocido como JR, de Tecate, México.
Junto a ellos se encuentran bajo custodia Ivan Pulido Jauregui, de 49 años, Manuel González López, 26, también conocido como Tortillero; Jesús Misael Molina Flores, 20; Alexis Adrián Villela Inda, 29; y Mateo Adrián Alduenda Gutiérrez, 26, todos de Nayarit, México.
Este grupo está acusado de conspiración para traer extranjeros con fines de lucro. Si son declarados culpables, cada uno de ellos se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.
Esta acción legal forma parte de un esfuerzo más amplio bajo la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA), establecida por el Procurador General Merrick B. Garland en junio de 2021, para combatir el tráfico y trata de personas que operan desde México, Guatemala, El Salvador y Honduras. La JTFA ha logrado más de 310 arrestos significativos y ha dado resultados contundentes en la lucha contra este flagelo transnacional.
La acusación subraya la importancia de las investigaciones dirigidas y basadas en inteligencia para desbaratar estas redes criminales.
Con el apoyo de múltiples agencias, incluidas la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la Guardia Costera de Estados Unidos y Homeland Security Investigations, se continúa fortaleciendo la seguridad nacional y protegiendo a las personas más vulnerables de las garras de los traficantes.
