San Salvador (AFP) – Una jueza de El Salvador ordenó detener a tres militares retirados, incluyendo un exministro de Defensa, por estar presuntamente involucrados en el asesinato de cuatro periodistas de Holanda, hace 40 años en el marco de la guerra civil (1980-1992), informó el sábado una fuente vinculada al proceso.
«Nosotros fuimos notificados de la resolución de la jueza donde se manda la captura de los cinco implicados, entre ellos hay dos (militares) que ya están fallecidos», declaró a la AFP el director de la Fundación Comunicándonos, Óscar Perez, que ha dado acompañamiento a las víctimas.
La resolución de la jueza del poblado de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, María Argüello, consigna «decrétese la detención provisional a los imputados ausentes».
Los militares a quienes se dirige la orden son el general José Guillermo García, exministro de la Defensa (1979-1983), el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la IV Brigada de Infantería de Chalatenango, quien reside en Estados Unidos, y el exdirector de la ahora proscrita Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán.
Según Pérez tanto García como Morán habrían sido arrestados el viernes, pero la Policía no confirmó las detenciones.
Además, pese a estar ya fallecidos, en la orden de detención de la jueza también figuran el exjefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, general Rafael Flores Lima y el sargento Mario Canizales.
«Líbrense las correspondientes órdenes de captura contra los imputados», subraya la resolución de la jueza.
El 17 de marzo de 1982, los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen murieron tras una emboscada tendida por el ahora proscrito batallón Atonal, en Santa Rita, en Chalatenango.
Los comunicadores habían llegado a El Salvador para elaborar un documental que reflejara el contraste que experimentaba una familia de la capital San Salvador y otra que vivía en un poblado en conflicto.
El tribunal de Dulce Nombre de María, inició la causa para aclarar el caso en 1982, pero se estancó porque la jueza que lo investigaba fue amenazada y se refugió en Canadá.
En 1993 la causa se congeló completamente por la Ley de Amnistía que perdonó los crímenes de guerra.
Pero en 2016 la justicia salvadoreña declaró inconstitucional esa ley. Tras ello, el 13 de marzo de 2018 diferentes organizaciones presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía contra los autores intelectuales y materiales.
Al finalizar la guerra civil, la Comisión de la Verdad creada por la ONU concluyó en 1993 que «existe plena evidencia» que en el crimen de los periodistas estaban involucrados militares.
