Corinto (Colombia) (AFP) – Los indígenas y demás campesinos «sin tierra» que tomaron haciendas privadas en el suroeste de Colombia desafiaron el «ultimátum» oficial para desocupar los predios, en el que ya asoma como el primer conflicto social bajo el gobierno de izquierda de Gustavo Petro.
«Como campesinos sin tierra vamos a seguir (en las haciendas) Si toca pelear contra el mismo gobierno que nosotros subimos, nos toca», advirtió uno de sus líderes que habló con la AFP bajo reserva por temor a «una persecución judicial».
Alrededor de 1.000 familias ocupan desde hace un año dos haciendas de caña en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca.
Ante la expectativa que generó la reforma planteada por Petro para redistribuir la propiedad rural, se han multiplicado las invasiones de tierras, según asociaciones de ganaderos y de azucareros.
El martes el gobierno rechazó esas acciones. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, recordó que la policía está autorizada para recuperar los predios «dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación».
Los campesinos interpretaron sus palabras como un ultimátum, lo que disparó la tensión en Corinto.
«El comunicado que sacó el presidente es algo muy preocupante para el proceso que nosotros estamos llevando», comentó el dirigente de las comunidades.
El desalojo – remarcó – implicaría «alguna arremetida, algún atropello de la fuerza pública».
Los ocupantes viven en las maltrechas construcciones de las haciendas, que ya no tienen ventanas ni puertas. Otros, levantaron campamentos en los terrenos invadidos.
Cada tanto se enfrentan a la policía con caucheras y piedras. Desde la llegada de Petro al poder, el 7 de agosto, los choques habían cesado, pero con el llamado de atención del gobierno podrían reactivarse.
«Ese tipo de amenazas y acciones jurídicas del gobierno no son nuevos y aquí seguimos», sostuvo otro líder de otras familias que también ocupan fincas en Corinto.
Aunque se muestren «ruditos, aquí hay mucha fortaleza», advirtió el dirigente, que también se abstuvo de identificarse por seguridad.
Primero el diálogo –
Este jueves el ministro de Defensa aclaró que no ha dado «ninguna orden excepcional» para que policía o ejército liberen las haciendas. «La instrucción es privilegiar siempre el diálogo sobre las medidas de fuerza», tuiteó.
Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, prevé llevar a cabo una «reforma agraria» para redistribuir la propiedad rural en el país de Latinoamérica donde más se concentra la tierra en pocas manos, según la ONG inglesa Oxfam.
En el marco de esa política, el gobierno anunció que cederá a los «colombianos más vulnerables» las propiedades incautadas a los corruptos y a la mafia del narcotráfico.
El acceso a la tierra está en el corazón del conflicto armado que por casi seis décadas ha desangrado a Colombia.
Surgidas en la décadas de los sesenta, al calor de la Guerra Fría, varios grupos formados en su mayoría por campesinos se levantaron en armas para exigir una redistribución de la propiedad agrícola.
Los paramilitares de ultraderecha, enemigos acérrimos de los rebeldes, despojaron violentamente a miles de familias de sus tierras para venderlas luego a terratenientes o ganaderos.
En 2018 los indígenas del pueblo Nasa, en Cauca, comenzaron a tomarse grandes haciendas para liberar, según proclaman, a la «Madre Tierra».
Cuando ocupan un terreno suelen expulsar a los trabajadores y erradicar la caña – a la que consideran un monocultivo dañino – para reemplazarla por zonas de reforestación y pequeños cultivos de plátano y arroz.
En algunas vías pueden verse troncos y zanjas abiertas por los campesinos para impedir el avance de los vehículos del escuadrón policial antidisturbios. Además patrullan la zona con radios para alertar sobre la presencia autoridades.
Al igual que otras comunidades que se han sumado a esta práctica, los nasa justifican las invasiones alegando la mala calidad y la sobrepoblación de las tierras altas que rodean al fértil valle donde se cultiva la caña.
De acuerdo con los datos más recientes de Oxfam, el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra en Colombia.
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