Brasilia (AFP) – La desaparición de un periodista británico y un indigenista en el Valle de Javarí ha puesto el foco sobre esta remota área amazónica en la frontera de Brasil con Perú y Colombia, con fuerte presencia del narcotráfico ligado a otros crímenes como la pesca ilegal.
El lugar donde fueron vistos por última vez Dom Phillips y Bruno Pereira cuando navegaban por el río Itaquaí la mañana del domingo 5 es próximo a la segunda mayor tierra indígena de Brasil, con una población de 6.300 personas de 26 pueblos, 19 de los cuales viven completamente aislados.
En los últimos años, la región ha sufrido un aumento de la criminalidad que, según fuentes consultadas por la AFP que trabajaron en la región, se debe a una fiscalización más laxa del Estado brasileño, aprovechada por el narcotráfico y por otras organizaciones ilegales de pesca, minería, caza y madera que operan en las tierras protegidas.
Eso llevó al delegado de la policía en Amazonas, Eduardo Alexandre, a calificarla de área «bastante peligrosa», al iniciar la búsqueda de los desaparecidos.
-Área «privilegiada»-
«El bosque, por su naturaleza, siempre fue un espacio privilegiado para el tráfico debido a que se puede camuflar la droga más fácilmente que en otros ambientes», dijo Aiala Colares, geógrafo de la Universidad Federal de Pará e investigador especializado en la Amazonía en la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública.
En la inmensidad de la densa selva amazónica, surcada por ríos que algunos meses al año inundan parte de la vegetación, los pueblos indígenas han enfrentado crecientes amenazas e invasiones de grupos criminales.
Narcotraficantes han apostado, desde la década de 1990, por las vías fluviales de la región para transportar droga, principalmente cocaína de Perú y cannabis de tipo skunk y marihuana de Colombia, apuntó Colares.
El tráfico creció sustancialmente en la última década, dijo el experto, que explicó que esa ruta termina abasteciendo al mercado brasileño o bien continúa hacia el exterior.
Colares definió como «multidimensional» la acción de las bandas que operan allí, ya que mezclan tanto el tráfico de drogas como delitos ambientales como el contrabando de madera y la pesca ilegal.
La principal, «Os Crias», surgió en 2021 como disidencia de la Familia do Norte, una de las mayores organizaciones de la Amazonía. La facción, oriunda de la región, domina la triple frontera de lado brasileño y las rutas del Javarí, añadió.
-Un problema de desigualdad-
Bárbara Arisi, antropóloga y profesora de la Vrije Universiteit de Ámsterdam, trabaja con pueblos del Javarí desde 2003 y aseguró que constató un deterioro en la última década.
«Cada vez, más criminales, más organizados y armados se aprovecharon de la falta de estructura del Estado» en esa zona, dijo Arisi, que destacó la penetración del narcotráfico en algunos pueblos indígenas, como los Tikuna.
La antropóloga comparó la inserción del narco en comunidades indígenas con la penetración en favelas de ciudades como Rio de Janeiro.
«El narco ofrece a muchos jóvenes una vida que no tienen opción de alcanzar. Les ofrece dinero y muchos acaban convirtiéndose en mulas o informantes», explicó la antropóloga.
Por ejemplo, Atalaia do Norte, ciudad donde tenían su base Phillips y Pereira durante su expedición, tiene el tercer peor Índice de Desarrollo Humano de todo Brasil entre más de 5.000 municipios, según el último censo.
-Historia de impunidad-
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, asumió en enero de 2019 con la promesa de desarrollar la Amazonía, un territorio, según sus palabras, ocupado por «indios pobres» en «tierras ricas».
El mandatario de Brasil cambió la dirección de la agencia gubernamental de asuntos indígenas, la Funai, y colocó a cargo del sector de tribus aisladas a un pastor evangélico, acusado por activistas de ignorar los intereses que sirve.
La base de la Funai ubicada sobre el río Itaquaí fue atacada a tiros en varias ocasiones en los últimos años.
El propio Pereira, que como licenciado de la agencia ayudaba a indígenas a organizarse para defender el territorio, había sido amenazado por madereros, mineros y pescadores que intentaban invadir tierras protegidas.
«Lo que sucedió con Bruno y Dom es resultado de un crecimiento del crimen organizado que se explica por la ausencia del Estado», dijo Antenor Vaz, jefe de la Funai en el Javarí, entre 2006 y 2009.
Vaz se mostró pesimista sobre la posibilidad de que, a más de una semana de su desaparición, las autoridades den con los responsables materiales e intelectuales del caso.
Recordó el asesinato a tiros en 2019 de Maxiel Pereira dos Santos, responsable de operaciones contra madereros y pescadores ilegales en la Funai. Tres años después, ningún sospechoso fue imputado.
«Cualquier ciudadano que levante la voz contra la ilegalidad está expuesto”, agregó.
