Bogotá (AFP) – Rodeado de soldados, Santiago avanza incómodo hacia el cuarto donde lo espera el psicólogo de una base del ejército. Lleva una faja que oculta sus senos. Como hombre transgénero, pretende que lo eximan de la obligación de enrolarse en las filas.
Auxiliar de vuelo de 22 años, Santiago, a quien le fue asignado el sexo femenino al nacer, entra a solas en la pequeña habitación. Al cabo de un tiempo, sale con la calificación de «No Apto».
Contra su voluntad, debió contarle al especialista que desde hace ocho años no se define como mujer y que como hombre trans no quiere cumplir con el servicio militar obligatorio de 12 meses que impone la ley a todos los varones colombianos entre 18 y 24 años, en un país con más de seis décadas de conflicto interno.
El dictamen del psicólogo lo liberó de ir al ejército, pero a costa de destapar su intimidad. «No se siente bien (…) mostrar el cuerpo, tener que explicar que soy trans, que tengo senos y, en mi caso, tener que quitarme la blusa y mostrar mi cuerpo», señala a la AFP Santiago, reconocido legalmente como hombre desde 2019.
Para escapar del estigma, omite su nombre real y oculta el rostro frente a las cámaras.
Experiencias como la suya han empujado a los hombres trans de Colombia a librar una batalla ante la Corte Constitucional para ser exonerados del servicio militar, como ya ocurre con los negros, los indígenas y las mujeres trans gracias a sentencias del mismo tribunal.
En 2017 el Congreso aprobó la exoneración de las mujeres transexuales, pero excluyó de ese beneficio a los hombres trans.
La ley también exime a los huérfanos, hijos únicos, religiosos, condenados, casados y víctimas del conflicto, mientras que las mujeres pueden incorporarse voluntariamente.
Cuba, Brasil, Bolivia, México, Guatemala, entre otros países, también imponen el paso por los cuarteles.
Sin ley –
Los colombianos reclutados o exonerados reciben un certificado conocido como libreta militar, que deben presentar para estudiar posgrados en universidades públicas, obtener becas o para llenar algunas plazas del Estado. Otros, para hacerse a ese documento, tienen que pagar considerables sumas de dinero.
Desde 2015 los hombres trans ganaron el derecho de reemplazar en su documento de identidad la «F» de femenino por la «M» de masculino.
Sin embargo, alegan que ni las fuerzas militares ni la policía los eximen automáticamente del servicio obligatorio.
Antes de ser exonerado, Santiago cuenta que perdió una oportunidad de empleo en una aerolínea por no tener la libreta militar.
Ha sido «una lucha sacar mi libreta, al igual que fue una lucha cambiar mi componente de ‘sexo’ y de nombre» en los documentos, se lamenta.
Jhonnatan Espinosa, director de la Fundación Ayllú, que redacta el recurso legal a favor de los hombres trans, advierte sobre los desafíos sociales y económicos que enfrenta esta minoría.
«La ley nos dejó por fuera (…), eso va a terminar con que muchos hombres trans van a tener trabajos informales, mal pagos, sin sus prestaciones sociales, sin poder tener una vida realmente digna», enfatiza.
Esa ONG asegura que ha escuchado a más de 300 hombres trans en Bogotá con dificultades para resolver «su situación militar», pero reconoce la existencia de un subregistro en regiones donde se mantiene activo el conflicto armado.
El ejército recluta a unos 60.000 hombres por año para que cumplan con su servicio obligatorio, según el coronel Milton Escobar, jefe del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas, quien asegura que la institución es «garante» de los derechos trans.
A la fecha hay 13 millones de hombres pendientes de presentarse a los cuarteles para definir su situación, agrega.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian redadas militares para reclutar a los jóvenes. Si bien esas operaciones fueron ilegalizadas en 2011, persiste el miedo.
Según el estatal Centro de Memoria Histórica, las redadas estuvieron «sistemáticamente» dirigidas contra «las personas que se apartan de las normas de género y sexualidad».
«El temor principal es básicamente encontrarme con algún agente de seguridad, sea policía o militar, porque yo desde el momento que hice mi cambio no tengo mi libreta militar», sostiene Juan José Lizarazo, un trans de 34 años que asegura que a causa de ello casi que vive «encerrado» en casa.
Otros miembros de la Fundación Ayllú aseguraron a la AFP bajo reserva haber sido golpeados por los soldados o policías que los detienen en las calles. En Colombia los hombres trans son víctimas de «un círculo de violencia permanente», remarca el director de la ONG.
