Quito (AFP) – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, removió las aguas en Ecuador al vetar parcialmente la ley que regula el aborto para víctimas de violación, reduciendo a 12 semanas el plazo para interrumpir el embarazo, en un país donde 2.400 niñas abusadas dan a luz al año.
Conservador del Opus Dei, Lasso enfureció a las feministas y grupos que promueven la liberación del aborto, aunque juristas defendieron su objeción a la ley aprobada por el Congreso, que fijaba plazos distintos para interrumpir el embarazo derivado de una agresión sexual.
«Es un veto que promueve la muerte de las mujeres, porque su objetivo es obstaculizar el acceso para que la mujer pueda resolver una maternidad violenta producto de una violación», señala a la AFP Virginia Gómez de la Torre, médica y presidenta de la Fundación Desafío, dedicada a la promoción de derechos sexuales y reproductivos.
Lasso, invocando el derecho a la igualdad, se opuso a que las menores de 18 años y mujeres del campo puedan abortar hasta las 18 semanas, como determinó el Parlamento en febrero al expedir, por orden de la justicia, el reglamento para la interrupción del embarazo.
El marco regulatorio estableció, en cambio, un límite de 12 semanas para las víctimas mayores de 18 que viven en las ciudades.
Además, el presidente ecuatoriano incluyó en su veto un requisito controversial: quien quiera abortar legalmente deberá presentar o bien un examen médico, una denuncia o declaración jurada que certifique que fue violada.
La ley ya permitía el aborto en dos circunstancias, cuando la madre está en riesgo de muerte o por violación a una mujer con discapacidad. Ecuador aún castiga hasta con dos años de cárcel a las mujeres que abortan por fuera de estas causales.
El Congreso, de 137 asambleístas, tiene plazo hasta el 15 de abril para aceptar o rechazar las objeciones. Sin mayoría, Lasso necesita 70 votos para sacar adelante el veto, mientras que se necesitan 92 apoyos para mantener el texto original.
En América Latina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México y Panamá permiten el aborto en casos de violación. En tanto que Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y algunos estados mexicanos despenalizaron totalmente la interrupción del embarazo. La justicia colombiana amplió hace poco el procedimiento hasta las 24 semanas.
La legislación ecuatoriana tipifica como violación las relaciones sexuales con menores de 14.
«La niñas no mienten» –
No obstante la protesta de las activistas, Lasso quiso mediante sus objeciones «acoplar la ley a los parámetros que ya fijó la Corte Constitucional», cuando despenalizó el aborto por violación en 2021, opinó el constitucionalista Ismael Quintana.
Hay cosas que pasó por alto el Legislativo «al momento de aprobar la ley, por ejemplo el tema polémico de los requisitos. Es un asunto que guste o no a las agrupaciones feministas, la Corte ordenó inscribir en la ley», señala el experto a la AFP.
Una vez que el Congreso resuelva el veto, el reglamento podría ser demandado ante los jueces constitucionales, pues «ninguno de los grupos (a favor y en contra del aborto) está conforme» con las objeciones presidenciales.
Organizaciones contrarias al aborto exigían un veto total de la ley, argumentando que la Constitución reconoce el derecho a la vida desde la concepción.
En un país de 17,7 millones de habitantes, con un 70% católico, 2.456 niñas entre diez y 14 años fueron madres en 2019, según el Observatorio Social de Ecuador, una fundación independiente. Ese mismo año, 23.809 jóvenes de 15 a 17 años tuvieron hijos.
Entre 2014 y 2019, la Fiscalía presentó cargos por el delito de aborto consentido en 286 casos, de acuerdo con un informe de Human Rights Watch (HRW).
Ante los requisitos que plantea Lasso en su veto, las organizaciones de mujeres temen una «revictimización».
«No se puede pedir ese requisito a las mujeres porque muchísimas de ellas no quieren denunciar. Entonces, no van a ir al sistema de salud porque les piden denuncia y van a ir un sistema paralelo y clandestino que es inseguro y probablemente van a tener complicaciones y morir», indica Gómez de la Torre.
Sin embargo, para el constitucionalista Quintana, la falta de una denuncia «abre una ventana muy grande para que por ahí se filtren abortos que no necesariamente provengan de un delito». Y en caso de que la violación no sea comprobada, se sancionará con cárcel hasta por dos años a la mujer y al médico por aborto consentido.
Gómez de la Torre resume su indignación en una frase: «Las niñas no mienten. Las niñas son violadas sistemáticamente y la prueba es el embarazo».
