Washington (AFP) – Abrumado por un récord de muertes por sobredosis, Estados Unidos refuerza su arsenal contra el narcotráfico apuntando a 25 blancos en China, Brasil, México y Colombia, ahora que las cadenas de mando se han vuelto difusas y los opioides sintéticos causan estragos.
Ante los más de 100.000 estadounidenses muertos por sobredosis en los 12 meses previos a abril de 2021, el presidente Joe Biden «toma medidas decisivas para detectar, desbaratar y reducir el poder de las organizaciones criminales transnacionales y proteger al pueblo estadounidense», según un documento transmitido por funcionarios de su gobierno.
Lo hace a través de dos decretos.
Uno de ellos establece un nuevo organismo, el Consejo de Estados Unidos sobre el Crimen Organizado Transnacional (USCTOC, por sus siglas en inglés) que estará integrado por representantes de distintos organismos gubernamentales.
El otro impone un régimen de sanciones más amplias contra los actores internacionales del narcotráfico, a los que se les podrá congelar activos en Estados Unidos, impedirles entrar al país y realizar determinadas transacciones.
Entre los sancionados se incluyen personas que trafican con fentanilo y los precursores químicos necesarios para elaborarlo, con metanfetaminas, cocaína y heroína, así como organizaciones que Washington considera una amenaza.
En virtud de este nuevo régimen de sanciones, el Departamento del Tesoro anunció el miércoles 25 objetivos (10 personas y 15 grupos) entre los que figuran algunos nuevos, como la organización brasileña Primeiro Comando Da Capital, y los mexicanos Los Rojos y Guerreros Unidos, así como cuatro sociedades y un narcotraficante chino.
Además incluye a 17 personas y entidades previamente sancionadas.
El Primeiro Comando Da Capital (PCC), uno de los grupos de crimen organizado más poderosos, negocia sobre todo con droga, pero también está involucrado en el lavado de dinero, la extorsión y los asesinatos a sueldo. Opera en Sudamérica y sus redes alcanzan Estados Unidos, Europa, África y Asia, afirma Washington.
Estados Unidos acusa a Los Rojos, un grupo escindido de la Organización Beltrán Leyva (BLO), de cometer actos violentos y enviar droga al país.
Guerreros Unidos (GU), otro grupo escindido de BLO, colabora con la organización mexicana el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con la que comparte redes y modo de transporte para hacer llegar la droga a Estados Unidos y repatriar las ganancias, explica
Washington también apunta al chino Chuen Fat Yip, acusado de dirigir el tráfico de drogas sintéticas entre el país asiático y Estados Unidos, y a cuatro empresas: Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology, Shanghai Fast-Fine Chemicals, Hebei Huanhao Biotechnology y Hebei Atun Trading.
«Es muy simple, muchas de las materias primas para la fabricación de opioides sintéticos provienen de China. Y era importante transmitir un mensaje fuerte», explicó un alto cargo del gobierno estadounidense que pidió el anonimato.
Entre los 17 ya sancionados desde 1995 y 1999, a los que también se les aplicará el nuevo régimen figuran: el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, la Organización Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, Los Zetas, La Familia Michoacana (LFM), Nemesio Oseguera Cervantes (alias El Mencho), Ismael Zambada García (‘El Mayo’), Fausto Isidro Meza Flores (‘Chapito Isidro’), Miguel Treviño Morales, Omar Treviño Morales y líderes de la facción del Cartel de Sinaloa, como los hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar (‘Chapito’) y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (‘El Alfredillo’) y su hermanastro Ovidio Guzmán López (‘El Ratón’).
También se incluye a los colombianos el Clan del Golfo y Dairo Antonio Úsuga David (‘Otoniel’).
Washington presta una atención particular al tráfico de opioides sintéticos, que «se han cobrado la vida de decenas de miles de estadounidenses y han tenido un impacto negativo en la economía de Estados Unidos», asegura un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.
El objetivo de Biden es modernizar la lucha contra las organizaciones de narcotráfico, para adaptarla a los desafíos del siglo XXI.
«En el pasado estas organizaciones generalmente tenían estructuras más jerárquicas de estilo capo, con líderes y cadenas de mando claramente identificados, pero se han vuelto cada vez más difusas y descentralizadas», afirman funcionarios gubernamentales.
Y las personas que facilitan sus actividades «a menudo ni siquiera están asociadas de forma informal con los líderes de las redes de narcotráfico», añaden.
El tráfico de drogas actual ya no depende de los cultivos ni requiere una gran superficie, sino de sustancias sintéticas y de precursores químicos, y los cárteles operan de una manera más descentralizada, lo que dificulta la capacidad de sancionar a los narcotraficantes, reconoce.
Las nuevas herramientas apuntan a cualquier extranjero involucrado en narcotráfico, independientemente de si está vinculado a un capo o cártel, y contra todo aquel que, a sabiendas, reciba bienes derivados de estas actividades.
La guerra contra las drogas es un tema recurrente en Estados Unidos desde hace décadas, con resultados desiguales frente a un negocio que mueve miles de millones de dólares.
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