Managua (AFP) – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enfrenta este lunes amenazas de nuevas sanciones de Estados Unidos y críticas de la Unión Europea (UE) y países latinoamericanos, tras ganar sin sorpresas un cuarto mandato consecutivo en unas elecciones celebradas con siete aspirantes opositores detenidos.
Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007, fue reelegido con un 75% de los votos, con la mitad de las mesas escrutadas, anunció este lunes de madrugada el Consejo Supremo Electoral (CSE), que prevé nuevos resultados por la tarde.
Las reacciones no se hicieron esperar. Incluso apenas cerradas las urnas, el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó los comicios de «farsa», y la UE aseguró que «carecen de legitimidad». El gobierno español, en particular, tildó el proceso de «burla».
Ortega, quien el jueves cumplirá 76 años, asumirá otros cinco años como presidente a partir del 10 de enero, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), junto a su poderosa esposa Rosario Murillo, de 70, que será vicepresidenta por segunda vez.
El exguerrillero sandinista, quien también gobernó el país en los años 1980 luego de ayudar al FSLN a derrocar en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrentó a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno, que en total obtuvieron el restante 25% de los votos.
Tras 14 años en el poder, Ortega es acusado por sus críticos y opositores de «nepotismo» y de instaurar una dictadura. Pero él asegura que su gobierno es del «pueblo» .
Los comicios «completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático», dijo la UE en un comunicado. «Fue una elección solo de nombre», estimó el Reino Unido.
Ortega, que acusa al «imperio» y a la UE de «injerencia» e «irrespeto a la soberanía» de su país, recibió la felicitación de sus aliados de Venezuela, Cuba, Bolivia y Rusia, que condenó la postura de Washington y consideró los comicios «en pleno respeto» de la ley.
En Latinoamérica, Costa Rica, vecino de Nicaragua y que da refugio a decenas de miles de exiliados nicaragüenses, desconoció las elecciones, al igual que Chile.
Los comicios también designaron a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control del gobierno.
Oposición acorralada –
Los comicios se celebraron tres años y medio después de las protestas de 2018 que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100.000 exiliados, sumiendo al país centroamericano de 6,5 millones de habitantes en una profunda crisis política.
Desde junio fueron ilegalizados tres partidos y detenidos 39 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas -entre ellos siete aspirantes presidenciales-, sumándose a unos 120 opositores que siguen presos desde 2018.
El gobierno «ha perdido una buena parte de su base social» y, por lo tanto, de «poder real», por lo que «recurre a una creciente represión» para evitar su «implosión», afirmó el sociólogo Oscar René Vargas.
«La integridad del proceso electoral fue aplastada» por el encarcelamiento, «hostigamiento» e «intimidación» de opositores, señaló el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a nombre de los 27 países del bloque.
En virtud de leyes aprobadas a fines de 2020, los recientes detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, de promover sanciones internacionales, de «traición a la patria» y «lavado de dinero». El domingo, Ortega acusó a los opositores de conspirar contra la «paz» del país, al tiempo que los tildó de «terroristas».
Los opositores habían llamado a la abstención. El CSE estimó en un 65% la participación, aunque el observatorio independiente Urnas Abiertas, que denunció el «hostigamiento a trabajadores del Estado» para forzarlos a votar, aseguró que la abstención habría alcanzado un 81,5%. Estos datos no se han podido verificar.
Sanciones y aislamiento –
Tras los arrestos de los opositores, Estados Unidos y la UE impusieron sanciones al círculo íntimo de Ortega.
Biden se apresta a firmar un arsenal de medidas bajo la ley RENACER -aprobada por el Congreso la semana pasada-, para aumentar la presión sobre el gobierno.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que podría suspender al país del bloque regional, aunque expertos creen que el aislamiento empeorará la situación y disparará aún más la migración.
El nuevo mandato de Ortega y Murillo «vaticina la perpetuación» de la «estrategia represiva contra voces críticas» y «la continuidad de la migración forzada de quienes se ven criminalizados por alzar la voz», dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
