Ginebra (AFP) – La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió este lunes al gobierno de Nicaragua que cese la «persecución» contra la oposición, la prensa y la sociedad civil, en aumento a medida que se acercan las elecciones del 7 de noviembre.
«Resulta imperativo que el gobierno (de Nicaragua) vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las y los nicaragüenses; que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil», subrayó Bachelet en la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
La expresidenta chilena reclamó además al gobierno del presidente Daniel Ortega que «libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas» aún desde las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, y que dejaron más de 300 muertos.
Bachelet señaló que «se han intensificado los ataques a la libertad de expresión», lo que ha llevado a que varios periodistas salieran de Nicaragua «para buscar protección».
«Mi oficina ha documentado 12 casos, mientras que fuentes de la sociedad civil tienen contabilizados más de 30», precisó.
Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, se postula para un cuarto mandato sucesivo sin rivales que pongan en riesgo su propósito.
Un total de 36 opositores y críticos del gobierno han sido detenidos entre junio y agosto, entre ellos siete aspirantes a la presidencia.
Bachelet señaló que el tribunal electoral «arbitrariamente» inhabilitó al partido Ciudadanos por la Libertad, que lideraba una alianza opositora contra la reelección de Ortega; así como también el cierre de oeneges, varias de ellas internacionales, y las amenazas contra líderes indígenas.
En este contexto, la Fiscalía acusó y pidió el pasado jueves detener al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, al acusarlo de actos que «incitan al odio» y «conspirar» contra la soberanía, lo que él, quien se encuentra en Madrid, denuncia como «persecución» de una «dictadura».
«Exhorto a este Consejo a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua», insistió Bachelet, al exigir que no queden en «impunidad» las «graves violaciones de derechos humanos» en ese país.
Las acciones contra la oposición, la prensa y la sociedad civil le han valido al gobierno nicaragüense críticas y sanciones de parte de la comunidad internacional.
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