Managua (AFP) – Nicaragua canceló este lunes el permiso para funcionar a seis ONGs de Estados Unidos y Europa, entre ellas Oxfam, días después de que el gobierno de Daniel Ortega recibió sanciones por la detención de una treintena de opositores.
Las organizaciones no gubernamentales afectadas son las estadounidenses National Democratic Institute For International Affairs (NDI), International Republican Institute (IRI) y Helping Hands The Warren William Pagel, M.B. Foundation, según una resolución publicada en La Gaceta Oficial.
También la Fundación Oxfam Intermón de España; Oxfam Ibis de Dinamarca y Diakonía de Suecia.
El ministerio de Gobernación (MINGOG) asegura que esas entidades han incumplido sus obligaciones legales y obstaculizaron «el control y vigilancia» del Mingob respecto de sus estados financieros y de la recepción origen y beneficiarios de sus donaciones.
Con esta decisión, todos los bienes y activos de las ONG serán liquidados conforme los estatutos de constitución de cada organismo o pasarán a ser propiedad del Estado. En 72 horas deben presentar sus libros contables, de actas y registro de miembros.
La medida ocurre en momentos que Estados Unidos y la Unión Europea han aumentado la presión sobre el gobierno de Ortega, con sanciones a familiares y allegados para que libere a 33 opositores detenidos desde junio.
Entre los prisioneros hay siete rivales de Ortega para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
Ortega, de 75 años, gobierna desde 2007 y se postula para un cuarto mandato sucesivo por su partido, la exguerrilla de izquierda Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Las ONG, con varios años de estar en Nicaragua, prestaban asistencia, a través de organismos de la sociedad civil, a comunidades en defensa de derechos humanos, del medio ambiente, programas contra la pobreza, agrícolas, de salud y educación.
Según Gobernación,entre las faltas cometidas por estas entidades sin fines de lucro están no haber reportado un «desglose detallado» de sus estados financieros, de donaciones con origen, proveniencia y beneficiario final.
Además se observó una falta de convenios, que «defina claramente», la fuente de financiamiento, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos, así como el acuerdo entre las partes en relación al monto de la donación y contrapartida.
Desde el 2018, en medio de una crisis política detonada por protestas antigubernamentales se les ha cancelado la personalidad jurídica a 34 oenegé locales a las que se suman estas seis internacionales, para un total de 40.
